Mariano Rajoy ha reiterado que está dispuesto a utilizar todos los instrumentos jurídicos a su disposición para frenar el desafío sin precedentes lanzado por los independentistas
13 nov 2015 . Actualizado a las 11:54 h.Mariano Rajoy ha reiterado que está dispuesto a utilizar todos los instrumentos jurídicos a su disposición para frenar el desafío sin precedentes lanzado por los independentistas. El anuncio de estos de que están dispuestos a seguir adelante con el mandato de la resolución aprobada por el Parlamento catalán y suspendida por el Tribunal Constitucional abre una abanico de posibilidades.
Reforma de ley del TC
Suspensión de funciones. De acuerdo con la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el órgano de garantías tiene capacidad para actuar contra las autoridades que incumplan sus resoluciones, con multas e incluso suspendiéndolos en sus funciones «por el tiempo preciso» para observar los pronunciamientos del tribunal. El Constitucional ha apercibido personal y directamente a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell de que pueden incurrir en responsabilidades si desobedecen.
Vía penal
Delito de desobediencia. El mimo TC les advierte también de que pueden incurrir en responsabilidad penal. El delito más claro que se les podría imputar es el de desobediencia. Pero también podrían cometer los de prevaricación, obstrucción a la justicia o malversación de caudales públicos. Incluso el de conspiración para la sedición.
Artículo 155
La vía más extrema. El último recurso y el más extremo es aplicar el artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno a tomar las «medidas necesarias» para obligar a las autoridades autonómicas a cumplir las leyes. Requiere la aprobación por mayoría absoluta del Senado. El Gobierno podría tomar el control de los Mossos, recortar la capacidad legislativa del Parlamento y llegar incluso a una suspensión de facto temporal de la autonomía al vaciarla de sus principales competencias.
Ley de estabilidad
Intervenir en sus finanzas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera permite al Gobierno multar, paralizar la entrega de fondos a una comunidad o incluso intervenir en sus finanzas si, por ejemplo, incumple de manera grave los objetivos de déficit.