El PP cierra filas y hace una defensa a ultranza de Rita Barberá. Los detenidos prestan declaración en los juzgados del Superior valenciano
27 ene 2016 . Actualizado a las 17:29 h.El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha dado orden a los servicios jurídicos de la corporación de que estudien la posibilidad de que la institución se persone en el caso Imelsa. Según fuentes de la corporación provincial, se estudiará esta opción con el objetivo último de recuperar el dinero de las arcas de la Diputación que haya podido ser presuntamente detraído en el marco de la trama.
El socialista Rodríguez ya aseguró este martes la «colaboración máxima» de la institución en la operación de la Guardia Civil, en la que ha sido detenido, entre otros, el expresidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, y mostró su voluntad de que «cuanto antes se esclarezcan los hechos» que se investigan y que esto pueda suceder «con la máxima rapidez».
Todos los correos electrónicos que se encontraban en los servidores informáticos de Imelsa y que pudieran hacer referencia a alguna actividad delictiva fueron entregados a la Guardia Civil tras la auditoría realizada el pasado agosto en esta empresa pública por orden del nuevo gobierno de la Diputación. El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que mantiene abierta una causa bajo secreto de sumario, investiga una trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones de la Comunitat, cuyos integrantes se servirían de sus puestos de responsabilidad para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
En el marco de estas actuaciones fueron detenidas el martes 24 personas, entre ellas Alfonso Rus; el exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación, Juan José Medina, y el exacalde de Genovés y exjefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis. Además, hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que se halla el presidente del PP de Valencia y portavoz municipal, Alfonso Novo; el asesor del PP Luis Salom y la secretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Pi.
Fuentes de la institución provincial han indicado que el pasado agosto el nuevo presidente de la Diputación encargó una «auditoría forense» a una empresa especializada de Madrid para determinar el alcance penal de todos los correos electrónicos y bases de datos que se encontrasen en los archivos y servidores informáticos de Imelsa. De esta forma, durante todo un fin de semana se mantuvo cerrada la sede de Imelsa para que los especialistas, en presencia permanente de un notario, escrutaran la empresa pública y extrajeran todo aquello que pudiera inducir alguna sospecha, un material que fue entregado íntegramente a los investigadores y que, en opinión, del actual gobierno de la Diputación, ha permitido ampliar las pesquisas y acelerar el esclarecimiento de los hechos.
Añaden las fuentes que el equipo de Jorge Rodríguez acordó también facilitar a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación necesaria y el acceso a las cintas de seguridad, «que hasta ese momento habían impedido los responsables políticos de la anterior corporación provincial».
El PP defiende a Rita Barberá
La explosión del caso Imelsa ha sacudido de nuevo al PP con otro episodio de corrupción en plenas negociaciones para que Mariano Rajoy pueda formar gobierno por una segunda legislatura. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha dicho que el partido, «a fecha de hoy», no tiene constancia de que haya una investigación o «incriminación» contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y el diputado Gerardo Camps.
Tras señalar, en declaraciones a la cadena Ser, que el martes habló con Barberá y la senadora estaba en casa, «muy tranquila», ha rechazado que el partido vaya a pedirle a ella o a Camps que renuncien a sus respectivas actas como parlamentarios. «Hay una cosa que se llama Estado de derecho, por lo tanto no se puede actuar de manera preventiva porque no existe absolutamente nada, ni siquiera en el ámbito de la investigación», contra ellos dos, ha añadido. Y ha defendido la «rapidez» con la que actuó el partido en un día «triste», al suspender de militancia a todos los detenidos por este caso, ninguno de los cuales, ha recordado, tiene ahora cargo público.
El portavoz de Podemos en Les Corts Valencianes, Antonio Montiel, ha pedido la comparecencia en la Cámara autonómica de Rita Barberá, para que explique cómo afecta el caso Imelsa a su trabajo en la Cámara Alta. Según ha destacado, en el caso Imelsa aparecen implicadas personas vinculadas a Barberá en su etapa como alcaldesa y ella fue «quien las nombró», por lo que es «importante» que tenga «la posibilidad de aclarar cualquier aspecto» relacionado con la actividad que desarrollaron.
Preguntado si pondría la mano en el fuego por la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, el titular de Interior Fernández Díaz ha manifestado: »No tengo que ponerla o no ponerla por nadie. Soy ministro del Interior y creo en la separación de poderes y en el principio profundamente democrático de la presunción de inocencia«. Un principio que rige para todos, no solo para Barberá, ha precisado el ministro, quien ha recordado que nadie tiene que demostrar su inocencia, sino que se tiene en todo caso que comprobar su culpabilidad.
Por su parte, el expresidente de la Generalitat Valenciana y senador del PP, Alberto Fabra, ha dicho sentir «mucha vergüenza» y tener «la mirada gacha» por la nueva operación anticorrupción relacionada con la empresa pública Imelsa. Asimismo, se ha mostrado convencido de que «al final se comprobará» que la exalcaldesa Rita Barberá «no es la jefa, ni muchísimo menos». Preguntado por si en el partido se conoce a la excaldesa como la «jefa», en referencia a las grabaciones incluidas en el caso Imelsa en las que se hace referencia a este término, Fabra ha respondido: «Qué va. Es una cuestión que nos ha sorprendido a todos».
Por último, hasta Mariano Rajoy defendió a capa y espada a Barberá. Tras recordar que el caso está bajo secreto de sumario, ha dicho que ni Barberá ni Gerardo Camps han sido llamados a declarar ni han sido detenidos, por lo que hasta el momento «estas personas están absolutamente limpias». «No se hacen distingos entre personas. No me consta que a Rita Barberá se le acuse de algo. No está acusada de nada, ni nadie la ha llamado a declarar en ninguna condición», ha insistido, antes de pedir «un poco de mesura». Y ha apostillado: «Si se le acusara de algo tendría el mismo trato que yo».
Los detenidos e investigados por el caso Imelsa, una trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana y que afecta a exdirigentes del PP, declaran a lo largo de este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.