La Audiencia absuelve a los responsables del equipo médico en la fiesta en la que murieron cinco jóvenes el 1 de noviembre del 2012
27 sep 2016 . Actualizado a las 19:07 h.La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 4 años de cárcel al empresario Miguel Ángel Flores por la muerte de cinco jóvenes, Belén, Cristina, Katia, Belén y María Teresa, en la fiesta que organizó el 1 de noviembre de 2012 en el pabellón municipal Madrid Arena. Miguel Ángel Flores ha dicho a los medios que recurrirá este fallo, sin dar más detalles.
Así consta en una sentencia, en la que los magistrados de la Sección Séptima consideran al dueño de la empresa que organizó la fiesta mortal autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y 29 delitos de lesiones.
Flores recurrirá la condena, tal y como lo ha señalado su abogado José Luis Fuertes, quien al ser preguntado por si impugnará el falló ha contestado con un leve sí. Tras conocer el fallo, ambos han salido sin hacer declaraciones a los medios congregados.
Asimismo, se absuelve al exjefe exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monetagudo de responsabilidad en la tragedia en el Madrid Arena.
En el juicio, la Fiscalía de Madrid solicitó cuatro años de cárcel para Flores por cinco delitos de homicidio imprudente grave y seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones elevaban esta petición a veinte años, cuatro años por cada joven fallecida.
Durante la vista oral, Flores manifestó su pesar por lo sucedido y culpó al Ayuntamiento dirigido entonces por Ana Botella del hecho de alquilarle un edificio en malas condiciones. La prueba practicada en la vista oral demostró que la principal causa de la tragedia en el Madrid Arena fue el sobreaforo que hubo, agravado por el cierre de los vomitorios y la apertura de varias puertas de emergencias para que entraran jóvenes sin control directos a la pista.
Según la fiscal y las acusaciones, la pista debía estar esa noche a reventar a la hora del número de la barca del afamado dj Steve Aoki, un extremo que venía en una de las cláusulas del contrato. El espectáculo finalmente se hizo y fue cuando se produjeron diversas avalanchas, entre ellas una mortal.
Cuatro meses de vistas
El pasado 12 de enero, la vista oral arrancaba con quince acusados en el banquillo por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. Miguel Ángel Flores responsabilizó tanto en instrucción como en su declaración al plenario al Ayuntamiento de Madrid de la tragedia por las deficiencias estructurales del edificio municipal.
Al igual que el empresario, ninguno de los acusados ha asumido en la vista oral su supuesta parte de responsabilidad. Flores apuntó a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) -la gestora del edifico- como la máxima responsable del evento, mientras que estos a su vez señalaron como culpables a los controladores de Kontrol 34 por abandonar sus puestos de trabajo y empujar a los asistentes, provocando caídas en el público que dieron lugar a las diferentes avalanchas.
Seguriber, la empresa responsable de la seguridad en el interior, culpó a Madridec de abrir un portón de mercancías por donde se colaron miles de jóvenes, masificando la pista en la hora en la que se produjo la avalancha.
La empresa no asumió su parte de responsabilidad a pesar de que el vigilante de cámaras que debía ser «los ojos» del evento se ausentó de la sala durante las horas en las que se produjeron las avalanchas. En su declaración aseguró que su función era comprobar que las cámaras funcionaban.
Mientras que los responsables de la enfermería, el doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, culparon a Flores de las limitaciones del botiquín. A los Viñals se les acusa de dar por muertas a dos de las víctimas cuando estaban en parada cardiorrespiratoria, una afirmación de a fiscal que su abogado ha tachado de «injustas» ya que existen evidencias que muestran lo contrario.
En cuanto al operativo policial, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo responsabilizó del descontrol policial a la oficial de Moncloa, jefe del diseño del despliego policial de esa noche. La defensa de Monteagudo acusó a Cándida Jiménez de mentir en lo relativo a que se le negaran los refuerzos y otras cuestiones como el hecho de que alertara de lo que estaba sucediendo.
Sobreventa de entradas
En su declaración, Flores reprochó al Ayuntamiento que dirigía la entonces alcaldesa Ana Botella, y concretamente a la empresa municipal Madridec, responsable del pabellón, que «jamás» le mostraran un Plan de Autoprotección, recalcando que pensaba que el edificio tenía licencia municipal. También les acusó de que «lo hicieron mal» y que le obligaron a él «a hacerlo mal».
«Yo desconocía completamente la situación del edificio anterior a esta tragedia. No acuso al Ayuntamiento, sino a las personas que conocían en el año 2010 que las cosas se hacían mal y que a mí me lo hacían hacer mal», dijo entonces.
Durante la prueba del juicio, según la fiscal, ha quedado acreditado que se vendieron casi 17.000 entradas y que Flores puso a la venta casi 37.000.
Sin embargo, el abogado que defiende al empresario sostuvo en su informe final que no existió «la sobreventa» de entradas por parte de su cliente, criticando la «visión apocalíptica» que han difundido los medios de comunicación. Pese a esta afirmación, multitud de imágenes exhibidas en la vista han demostrado que la pista estaba visiblemente masificada.
Flores afronta una petición fiscal de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones quieren que se sumen cuatro años por cada víctima.
En su informe, la fiscal rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día para el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero.
Además, se pidieron tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclamó para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.
La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por «un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos». Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.
Condenados
- - Miguel Ángel Flores Gómez.- Máximo responsable de la empresa organizadora del evento, Diviertt: 4 años de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para ejercer cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Francisco del Amo López.- Coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec: 3 años de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Santiago Rojo Buendía.- Director general y 'número 2' de Diviertt: 3 años de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Miguel Ángel Morcillo Pedregal.- Jefe de personal y 'número 3' de Diviertt: 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Carlos Manzanares Rodríguez.- Socio mayoritario de Kontrol 34, empresa encargada de la seguridad interior del recinto: 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Juan José Paris Nalda.- Coordinador jefe de Seguriber, compañía que se ocupaba de la seguridad exterior del evento: 3.600 euros de multa por 5 delitos de homicidio por imprudencia menos grave.
- - Raúl Monterde Guillermo.- Coordinador jefe de Seguriber junto a Paris Nalda: 3.600 euros de multa por 5 delitos de homicidio por imprudencia menos grave.
Absueltos
- - Rafael Pastor Martín.- Director de departamento de seguridad de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), empresa municipal que explotaba el pabellón: Al haber sido despenalizadas las faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve de las que era responsable por la reforma del Código Penal de 2015.
- - José Ruiz Ayuso.- Técnico de operaciones de Madridec.
- - José Antonio Díaz Romero- Jefe de equipo de Seguriber.
- - Roberto Mateos García.- Encargado del control de las cámaras del recinto.
- - Emilio Belliard Cueto.- Socio minoritario de Kontrol 34.
- - Simón Viñals Pérez.- Responsable del equipo médico contratado para el evento.
- - Carlos Viñals Larruga.- Se encargó junto a su padre de la enfermería del pabellón.
- - Emilio Monteagudo.- Exjefe de la Policía Municipal. Es el único al que la Fiscalía no acusó, si bien las acusaciones particulares que ejercían las familias pedían tres años de prisión.