Reclama también el archivo del caso del ordenador de Bárcenas
07 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El argumentario de los dirigentes del Partido Popular el día después de que su abogado en el juicio del caso Gürtel, Jesús Santos, pidiera la nulidad de todo el procedimiento ha sido escueto: se trata de «estrategias de defensa».
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, pasó de puntillas y dijo que no forma parte del equipo jurídico y, por tanto, no tiene opinión sobre la «plena indefensión» que denunció el abogado del PP en su intervención en las cuestiones previas de la vista oral. El presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijoo, afirmó que se trataba de «estrategias de parte» y añadió que «si fuese abogado del caso tendría opinión», pero como dirigente popular «lo que quiero saber es qué hay detrás».
Más profuso, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas, justificó la estrategia del letrado en que el partido «desconocía absolutamente lo que estaba supuestamente sucediendo» en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo, y recalcó que es «lógico que se actúe en defensa en ese sentido». «Puede parecer contradictorio que el PP haga esa petición, pero no lo es; esto no perjudica a nadie, aquí no hay impunidad y los culpables tienen que pagar por lo que han hecho», afirmó Rojas en declaraciones a TVE. No obstante, lo que el diputado obvió es que si la nulidad que plantea la defensa del PP sale adelante ninguno de los 37 acusados será juzgado.
Daños menos «graves»
Otro de los casos que salpica al PP, el borrado de los ordenadores que usó el extesorero Luis Bárcenas, tuvo ayer novedades. El propio abogado Jesús Santos presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en busca del archivo definitivo de la causa, donde el partido como persona jurídica está procesado por encubrimiento y daños informáticos.
El denso escrito de apelación, de 60 páginas, se pregunta por qué debió prever que los dispositivos guardaban información esencial de la llamada caja B del PP cuando a esas alturas de la investigación el juez Ruz nunca mostró interés por registrar la casa de su exempleado. «El PP estaba en su derecho de poner fin a la cesión de uso de los ordenadores y recuperarlos a su voluntad», subraya.
Del mismo modo, alega que al borrarse los equipos no se causaron daños «graves» y no se obtuvo ningún beneficio de esa actuación, ya que el propio Bárcenas mencionó en sede judicial que era información más bien personal. Como se evidencia, explica, en que el propio Bárcenas haya decidido apartarse del caso y no ejercer la acusación particular.