La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal será la prioridad
05 dic 2016 . Actualizado a las 19:00 h.Cerrado el pacto sobre el techo de gasto, el déficit de las comunidades y el salario mínimo, Gobierno y PSOE exploran ahora la posibilidad de alcanzar un entendimiento en las reformas de la Justicia. Los contactos aún son incipientes, pero las expectativas son buenas para acordar la primera reforma, la de la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción de las causas recaiga sobre los fiscales en lugar de sobre los jueces.
El Gobierno y el PP no esconden sus intenciones de que los socialistas sean un aliado estable a lo largo de la legislatura. Una pretensión que molesta, cuando no irrita, en el PSOE, que lo que menos desea es aparecer como el compadre de Rajoy. Pero es el riesgo que conlleva la estrategia de ser una oposición útil.
El ministro de Justicia comparecerá hoy en el Congreso para explicar sus objetivos en la legislatura y apelará al consenso. Un emplazamiento con la mirada puesta en el PSOE, sin descuidar a Ciudadanos. Los populares y el partido de Albert Rivera desarrollaron un amplio capítulo judicial en su acuerdo de agosto para la investidura de Mariano Rajoy, pero, como ocurrió con el techo de gasto, el voto del PSOE vuelve a ser determinante para que los proyectos prosperen.
Los contactos entre el Gobierno y los socialistas son todavía exploratorios. «Se ha hablado, pero el asunto está aún verde», reconocen en el PSOE. Algo más optimista es Catalá, porque el documento base para la reforma de la ley de enjuiciamiento es el proyecto que redactó en su momento el ministro de Justicia del PSOE, el ceense Francisco Caamaño.
Los aspectos nucleares de la reforma que maneja el Gobierno son el traspaso de la instrucción de las causas judiciales de los jueces a los fiscales y la limitación de la acusación popular, y ambos estaban recogidos en el proyecto del PSOE de hace cinco años. Los dos también figuran en el pacto del PP y Ciudadanos. La negociación entre Gobierno y PSOE afecta al papel del fiscal, que instruirá las causas bajo la supervisión de un juez de garantías. Este cambio implicaría un refuerzo del plantel del ministerio público, que en la actualidad cuenta con 2.400 representantes, con aportes de los 5.800 miembros de la carrera judicial.
Los apartados por corrupción, solo si hay juicio oral
Nadie en el PP alzará la voz contra el pacto sellado con Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy. Pero en materia de corrupción, los populares tienen sus dudas sobre las exigencias que plantea la formación de Albert Rivera. El ministro de Justicia, que siempre defendió actuar con cautela respecto a la exalcaldesa valenciana Rita Barberá, sostiene que la decisión de retirar a alguien de la vida política solo debería producirse con la apertura de juicio oral. «Anticipar ese momento, en mi opinión, es excesivo y prematuro».