El senador Vidal, forzado a dimitir por desvelar ilegalidades de la Generalitat

El Gobierno de Carles Puigdemont habría cometido una serie de ilegalidades para llevar a cabo sus planes independentistas. Así se desprende de las declaraciones que el juez Santiago Vidal ha hecho en varias conferencias que ha pronunciado en los últimos meses, en las que ha asegurado, entre otras cosas, que la Generalitat se apoderó ilícitamente de datos fiscales de los catalanes para avanzar en la creación de una Hacienda propia y elaboró listas de los jueces que ejercen en Cataluña para saber si son afines o no al secesionismo. Estas revelaciones pusieron contra las cuerdas al Gobierno catalán, que tuvo que salir a desautorizarlo. «Es absolutamente falso. Lo desmiento de manera rotunda y categórica, afirmó la portavoz, Neus Munté.

Por su parte, ERC forzó a renunciar a su escaño de senador a Vidal, que señaló que lo hacía para «no ser un obstáculo para el proceso» y alegó que había hecho esas declaraciones «en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad no se ajustan a la realidad». Añadía que en ningún momento había querido poner en duda que Gobierno catalán «actúa con absoluto respeto a la legalidad».

Varios posibles delitos

Su renuncia se hizo pública justo después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenara al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que abriera una investigación por sus declaraciones. La nota remitida por la Fiscalía señala que de ser ciertas «supondrían unan grave vulneración de los derechos de los ciudadanos».

Vidal podría haber incurrido en varios delitos, según la Fiscalía Superior de Cataluña. Si se confirma que el Gobierno catalán se apoderó de forma ilícita de los datos tributarios de los catalanes supondría un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Si es cierto que realizó un «trabajo de campo» para determinar qué jueces de los 801 que ejercen en Cataluña comparten los «sueños e ideales» independentistas podría constituir un delito agravado de revelación de secretos. «Sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán; sabemos con qué jueces podemos contar», afirmó Vidal.

Promesas de Pedro Sánchez

Este hizo otras aseveraciones de gran calado político. Manifestó que existe una partida oculta en los presupuestos de 400 millones de euros para organizar el referendo. «No os diré en qué epígrafes de los presupuestos están incluidos, porque están debidamente camuflados, porque si no nos los impugnarían inmediatamente», manifestó. También reveló que el Mosad instruye a los Mossos en materia de contraespionaje y que el consejero Raül Romeva tiene un «preacuerdo» con la OTAN para que una Cataluña independiente, que no tendría fuerza militar, participe en misiones de ayuda humanitaria.

Por otro lado, Vidal señaló que Pedro Sánchez se comprometió en una reunión secreta con dirigentes de ERC a negociar la celebración de un referendo, no aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ordenar a la Fiscalía del Estado a archivar los procedimientos abiertos contra Artur Mas y otros dirigentes independentistas si este partido le daba su apoyo para ser presidente del Gobierno. Según el juez, el entonces secretario general del PSOE les dijo que para convocar ese encuentro había desobedecido al comité federal. Sánchez señaló que todo lo que dice Vidal es una «sarta de mentiras».

Un juez lenguaraz convertido en símbolo y mártir del proceso secesionista

Santiago Vidal no es un independentista cualquiera. Juez de carrera, fue el coordinador del borrador de la Constitución catalana, lo que le acarreó una sanción de tres años de suspensión por el Consejo General del Poder Judicial en febrero del 2015, con lo que tuvo que dejar su plaza en la Audiencia Provincial de Barcelona. Al día siguiente, jueces, abogados y funcionarios se concentraron en las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona bajo el lema «Todos somos Santi Vidal», entre aclamaciones y gritos de «independencia», con la presencia de representantes de ERC, ICV y Podemos, aunque no de CiU. Padre de la supuesta ley de leyes catalana, convertido en un símbolo y elevado a mártir del proceso por el independentismo, dio el salto a la política. Tras una etapa como asesor de la Consejería de Justicia del Gobierno de Artur Mas, ERC lo fichó para su lista en el Senado y resultó elegido. En noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo rechazó su recurso y confirmó la sanción.

Su incontinencia verbal y sus indiscreciones públicas hicieron saltar las alarmas de las cúpulas de los partidos independentistas, molestos por su afán de notoriedad que le llevaba a hablar de los planes y los pasos que daba la Generalitat en secreto.

Progresista

Nacido en Sant Sadurní d’Anoia hace 63 años, su padre fue militar de carrera y alcalde franquista entre 1968 y 1971 en dicha localidad. Su trayectoria en el mundo de la justicia arrancó en la década de los 80, cuando empezó a ejercer como abogado laboralista en un despacho afín a la CNT. Entró en la carrera judicial en 1990 como juez de instrucción en Arenys de Mar y, dos años después, ascendió a magistrado destinado en juzgados penales de Sabadell y Barcelona, hasta que en 1998 desembarcó en la Audiencia Provincial. Miembro de Jueces para la Democracia desde 1998 hasta el 2015, su carrera como juez está jalonada de resoluciones pioneras de carácter progresista, como la absolución de quienes se declaraban insumisos al servicio militar, el reconocimiento del sexo femenino a una transexual o por ser el primer magistrado que impuso una condena por apología del genocidio y que equiparó los malos tratos con un delito de tortura. Fue también uno de los primeros jueces en emplear el catalán de forma permanente.

La oposición exige explicaciones urgentes a Puigdemont

Mariano Rajoy no quiso hacer sangre y señaló que le tranquilizaban los desmentidos del Ejecutivo de Puigdemont de unas revelaciones de «extrema gravedad». En todo caso, señaló que es «muy preocupante que en el siglo XXI» se puedan oír «este tipo de cosas», que a su juicio demuestran que el «extremismo no conduce absolutamente a nada». Por si acaso, añadió, la Fiscalía tendrá que confirmar «la falsedad» de lo dicho por Vidal, cuyas palabras, a su entender, demuestran que el mundo independentista carece de «cordura, sensatez y sentido común». El portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, que también tachó de «graves» los comentarios del juez, dio pábulo a los mismos ya que, dijo, «se empieza por no acatar las sentencias del Tribunal Constitucional y se acaba por violar los derechos y libertades individuales de las personas». En la Moncloa, sin embargo, relativizaron mucho el asunto porque los servicios de inteligencia y las embajadas españolas deberían estar al tanto de los movimientos que, según Vidal, ha hecho el Gobierno catalán con la Unión Europea, la OTAN e Israel, así como en las altas esferas financieras internacionales, y no han detectado nada de eso.

Ciudadanos y el PSC pidieron la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y de los consejeros de Gobernación, Interior, Exteriores y Justicia. «Si alguien se piensa que con la dimisión del senador de Esquerra esto se olvidará, se está equivocando», avisó la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Xavier García Albiol, del PP, instó a la Generalitat a denunciar a Vidal si sus declaraciones son falsas, algo que duda la oposición en pleno, que se malicia que lo que manifestó Vidal es cierto. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant no dio «ninguna credibilidad» a Vidal, a quien acusó de «megalómano» y de hacer «un flaco favor» al proceso soberanista. El responsable de la redacción del proyecto político para el 39º. congreso del PSOE, Eduardo Madina, consideró que la dimisión de Vidal «no absuelve» al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de dar explicaciones en el Parlamento catalán.

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