Otra operación contra la financiación de CDC golpea al círculo íntimo de Mas
ESPAÑA
Los 18 detenidos, acusados de amañar contratos a cambio de dinero para el partido
03 feb 2017 . Actualizado a las 09:47 h.La última fase de la operación del 3 % en Cataluña apuntó ayer directamente al círculo más cercano al expresidente Artur Mas y a graves irregularidades en los últimos años de su mandato al frente de la Generalitat. Solo cuatro días antes de que Mas declare por la consulta independentista del 9N, Anticorrupción y la Guardia Civil desataron la cuarta fase de la operación Petrum (denominada operación Pika) sobre la supuesta financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de donaciones de empresarios amigos a la fundaciones del partido (Forum y CatDem) a cambio de contratos amañados. Los agentes del instituto armado investigan 19 concursos millonarios, algunos en la última etapa del expresidente de la Generalitat.
En total fueron 18 personas las arrestadas y 24 los registros. Las acusaciones de Anticorrupción contra los detenidos, que fueron puestos en libertad a lo largo del día, son especialmente graves, ya que les imputa la pertenencia a una «organización criminal», además de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación.
En el centro de las pesquisas se sitúan tres empresas públicas (Autoridad Portuaria de Barcelona, Bimsa e Intraestructures. Cat.) cuyos responsables, supuestamente, seguían sin reparos las órdenes del partido para preparar concursos a medida para los empresarios que luego pagaban el peaje de la adjudicación a través de donaciones a las fundaciones, que posteriormente eran desviadas a la caja B de CDC.
El golpe al círculo más estrecho de Mas tiene dos nombres propios entre esos 18 detenidos. El primero es el de Antoni Vives, al que la Guardia Civil coloca en el epicentro del sistema de fraudes. Concejal de Urbanismo en el último gobierno de Barcelona, que dirigió Xavier Trías, fue responsable de Bimsa. Pero Vives es todavía más conocido por haber sido la mano derecha de Artur Mas (como secretario general de la Generalitat) cuando este era conseller en cap del Gobierno de Jordi Pujol. El segundo hombre de Mas salpicado por esta nueva redada es Francesc Sánchez, el fontanero del partido. El propio Más le encargó el año pasado dirigir la transición de la antigua CDC (acosada por la corrupción) a la actual PDECat. Tanto Vives como Sánchez eran las «personas de confianza» del partido en las instituciones públicas que se encargaban de preparar los contratos a la carta, de acuerdo con la investigación. Además de estos dos dirigentes de la antigua Convergència, el instituto armado detuvo a varios altos cargos y ex altos responsables de la Administración autonómica, entre ellos, el más destacado, el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra. Junto a ellos fueron arrestados un largo elenco de directivos de empresas acusadas de pagar las mordidas como Oproler, Copisa y Comsa-Ente.
Una veintena de multimillonarias adjudicaciones con centro en Barcelona
Anticorrupción sitúa en el centro de la trama corrupta, como en anteriores fases de esta operación, a Andreu Viloca Serrano, extesorero de CDC y de las fundaciones afines al partido. Según el ministerio público, Viloca fue la persona que, también durante los últimos tiempos de Artur Mas en la presidencia de la Generalitat, coordinó la llegada de dinero negro al partido de los 19 contratos millonarios amañados y relacionados la mayoría con el Ayuntamiento de Barcelona y entidades municipales de la ciudad, pero también con municipios de su cinturón.
La Guardia Civil tiene indicios de que esos pagos en dinero negro llegaron hasta febrero del 2015. Las obras bajo sospecha, entre otras, son: el túnel de Las Glóries de Barcelona (170 millones de euros), adjudicado en febrero del 2015, durante las últimas semanas de Xavier Trias como alcalde de Barcelona; el dique este del puerto de Barcelona (sobrecoste de 40 millones); la ampliación de la carretera de la Generalitat C-55; o la remodelación del instituto Lluís de Peguera, de Manresa.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que el Ayuntamiento abrirá de forma «inminente» un expediente informativo para aclarar la responsabilidad de la empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa). El consistorio no descarta personarse como acusación particular.
La veintena de entradas y registros policiales se extendieron a las localidades y a viviendas particulares y empresas de Barcelona y su provincia (Sant Boi, Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Berga) así como Lérida, Gerona, Madrid y Majadahonda.