Homs intenta justificar el 9N porque el Constitucional no aclaró qué suspendía
ESPAÑA
Argumenta que la consulta era legal y asume la responsabilidad de su celebración
09 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Generalitat decidió ir hasta el final en la celebración del 9N, a pesar de que el Constitucional suspendió la votación cinco días antes, porque consideró que el llamado proceso participativo, que sustituyó a la consulta original, era legal y no incurría ni en irregularidades, ni mucho menos en delitos. Este fue el criterio que impuso Francesc Homs, ahora portavoz de PDeCAT en el Congreso y entonces consejero de la Presidencia, mano derecha de Artur Mas y pieza clave en la organización del sucedáneo de consulta porque de él dependían los servicios jurídicos del Gobierno catalán.
Homs testificó este miércoles en la tercera jornada del juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, en la que asumió la responsabilidad política de la decisión de ignorar la suspensión decretada por el alto tribunal. «No fui un mero transmisor» del dictamen de los servicios jurídicos de la Generalitat, «yo configuré la decisión final», afirmó Homs en un sacrificado capotazo a los tres acusados, pero sobre todo a Mas.
El diputado nacionalista, que fue uno de los ponentes del Estatuto del 2006 y que ha sido uno de los principales ideólogos del proceso soberanista catalán, trasladó al Ejecutivo catalán que la consulta podía seguir adelante después de la suspensión decretada por el Constitucional el 4 de noviembre. A su juicio, y tras consultar a expertos jurídicos de dentro y fuera del Ejecutivo autonómico, la Generalitat no estaba incurriendo en «ningún tipo penal» y no estaba cometiendo un delito de desobediencia. «Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Gobierno de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en ningún un tipo penal», aseguró.
Requerimiento no respondido
En consonancia con la línea de defensa que mantienen los acusados, argumentó que el proceso participativo «no hubiera sido posible sin los voluntarios», apuntó que la junta de fiscales de Cataluña «ratificó el 17 de noviembre del 2014 que no estábamos incurriendo en tipo penal alguno» y que la suspensión del Constitucional no incluía un requerimiento con la advertencia de las consecuencias de no obedecer la orden, un dato clave a la hora de determinar si hay delito de desobediencia.
En cualquier caso, el argumento que Homs considera de más peso es que tras la suspensión del 9N, la Generalitat envió un requerimiento al Constitucional para que aclarara el alcance de la anulación y el tribunal nunca respondió. «Queríamos saber -dijo- qué actos del proceso participativo quedaban expresamente prohibidos; no es menor, ni baladí ni neutro», respondió a preguntas de los abogados de la defensa. «La suspensión era inconcreta», remató el parlamentario.
En esta mima línea se expresó Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Constitucional, actual alto cargo de la Generalitat, arquitecto del proceso de desconexión y autor de la ley de transitoriedad jurídica con la que Carles Puigdemont quiere celebrar un referendo en septiembre. Apuntó que no estaba claro qué se suspendía y qué no en la providencia del 4 de noviembre. «Estábamos ante un hecho insólito, nunca se había suspendido una consulta y no estaba claro qué no podíamos hacer», señaló. Por ejemplo, apuntó, «queríamos saber si se podía mantener el dispositivo de seguridad de los Mossos». O la rueda de prensa del día 9, según Homs.
El juicio en el Supremo, el día 27 y sin Rajoy como testigo
Mariano Rajoy no declarará como testigo en el juicio en el Tribunal Supremo contra el exconsejero de Presidencia catalán y actual diputado del Congreso, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre del 2014. La sala tampoco admite la petición de la defensa de Homs (el único encausado ante el Supremo por su condición de diputado y aforado ante esta sede judicial) de que fueran interrogados, igualmente como testigos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; y el exfiscal general Eduardo Torres-Dulce.
El Supremo, además, fija para el 27 de febrero el inicio del juicio al exconsejero. En principio, los magistrados creen poder concluir la vista oral en la que Homs está acusados de los delitos de prevaricación y desobediencia en tres sesiones del 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.
Como en su día hiciera el Tribunal Superior de Cataluña ante la petición de los encausados en Barcelona Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, el Supremo apunta que la declaración del presidente del Gobierno y el resto de autoridades no tiene «enlace con el objeto del proceso». En un auto hecho público ayer, el tribunal zanja que «no forma parte de este proceso la valoración política de los hechos asumida por los miembros del Gobierno de la nación cuyo testimonio se reivindica». Añade que tampoco «existe razón alguna» para llamar a juicio al presidente del Constitucional o al exfiscal general del Estado ya que «son los documentos que obran en la causa y no el testimonio personal de quienes dirigen estas dos instituciones los que reflejan las decisiones adoptadas en sus respectivos ámbitos funcionales».
Sí acepta la sala la comparecencia del expresidente catalán Artur Mas, pero con matices. El tribunal señala que, pese a hallarse acusado en una causa derivada de los mismos hechos, deberá comparecer como testigo y no como coimputado. Sin embargo, quedará «exento del deber de prestar juramento y será advertido de su derecho a no contestar a aquellas preguntas que puedan resultar perjudiciales para su defensa».
El Supremo no acepta otra de las pruebas reclamadas por Homs, incorporar la resolución de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña del 18 de noviembre de 2014 que discutió este asunto y respaldó la decisión de seguir instruyendo la causa al ver delito en la actuación de los dirigentes catalanes. El tribunal recuerda que ese documento tiene carácter de oficio y no de resolución y forma parte de los trabajos preparatorios que ilustraron la decisión del máximo responsable de la Fiscalía General del Estado.
Puigdemont: «La democracia española ha enfermado»
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, elevó ayer el tono y cargó con dureza contra el sistema democrático español con la excusa la celebración del juicio del 9N. En una intervención que no estaba prevista en el pleno de la Cámara catalana, calificó el proceso contra Mas, Ortega y Rigau de «farsa» y «teatro» y se despachó sin compasión contra la democracia española. «Ha enfermado y viene de lejos», dijo. «La historia juzgará este juicio», afirmó en uno de los discursos más contundentes de su mandato. Según Puigdemont, la deriva es inquietante pues a su entender en España se puede subvencionar a la fundación Francisco Franco, mientras se llama nazi al presidente de la Generalitat por poner unas urnas. La sociedad española, subrayó, vive bajo un «muro de desinformación, manipulación, mentiras y propaganda». Puigdemont señaló que Mas, Ortega y Rigau están «acusados del delito de haber sido fieles del encargo de este Parlamento» y la democracia española permite un juicio «político sin ruborizarse».
Enfrentamiento entre el diputado y el fiscal en los pasillos del juzgado
La tensión acumulada afloró en la tercera jornada del juicio del 9N. Aprovechando un receso, el diputado nacionalista Francesc Homs se encaró con el fiscal del juicio, momentos después de prestar declaración en la vista. El dirigente nacionalista recriminó al fiscal Emilio Sánchez Ulled, que el martes protagonizó largos e intensos interrogatorios, que no le hubiera hecho preguntas durante su comparecencia.
Ayer, el ministerio público, en su turno de preguntas, desistió de interrogar a Homs por su condición de procesado y para ser «respetuoso con el derecho de defensa» del testigo, que acudió acompañado de su abogada, y a quien el juez recordó que no estaba obligado a contestar a aquellas preguntas que pudieran perjudicarle en el proceso que tiene abierto en el Supremo. Después de que el fiscal confirmara que no haría preguntas, el exconsejero de la Presidencia replicó, aún con el micrófono abierto: «¡Qué lástima!». Poco después, en los pasillos, Homs se acercó al fiscal y le espetó: «No has tenido coraje de preguntarme». El fiscal no se quedó callado y le respondió: «Si quieres que te pregunte, llama a Madrid y pide que me asciendan al Supremo para preguntarte en el juicio».