La decisión de no investigar a Pedro Antonio Sánchez fue una decisión tomada desde la Fiscalía General del Estado
16 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La negativa de la Fiscalía Anticorrupción a investigar al presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, en la trama Púnica fue una decisión tomada desde la Fiscalía General del Estado tras consultar con su unidad en el Tribunal Supremo. La decisión de la cúpula fiscal de no apoyar la exposición razonada enviada por el juez instructor del caso, Eloy Velasco, al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, órgano competente para abrir una causa al presidente autonómico, fue ratificada en el informe presentado ante el juzgado de la Audiencia Nacional por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, jefa interina a la espera del nombramiento del fiscal jefe tras la renuncia de Antonio Salinas en octubre pasado. Dicho informe no ve motivos para actuar contra Sánchez por el supuesto trabajo de reputación online que el conseguidor de la trama Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, tenía previsto realizar al entonces consejero de Educación del Gobierno de Murcia. Unas tareas valoradas en 4.600 euros al mes (36.800 euros en total) que buscaban mejorar su imagen de cara a la lucha interna en el PP murciano para ser el candidato a la presidencia de la comunidad.
El proyecto hallado en los registros de la operación señalaba que los trabajos, cuyo coste se pretendía enmascarar en tareas de la Consejería de Educación, se iban a desarrollar entre noviembre del 2014 y mayo del 2015. Sin embargo, al final no se llevaron a cabo porque la operación Púnica estalló en octubre del 2014.
El hecho de que los trabajos no se ejecutaran sirvió a la Fiscalía del Supremo, y por ende a Anticorrupción, para no apreciar delito porque «no supuso coste alguno a las arcas públicas». En cambio, el juez Velasco aseguró en su auto del pasado lunes que el mero hecho de concertarse para amañar un contrato ya es delictivo. Este cambio de criterio causó «malestar» en el magistrado de la Audiencia Nacional, habida cuenta de que las fiscalas anticorrupción de la trama Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, apoyaban investigar al presidente murciano. El caso es que ellas no firmaron el informe que rechazaba investigar al político, sino que fue su jefa Belén Suárez, que cumplió con la orden dada por la Fiscalía General a través de su secretaría técnica.
Fuentes jurídicas recordaron que uno de los motivos del enfado del juez Velasco es que las fiscalas habían ido de su mano en la investigación, y que ha sido dirigir las actuaciones contra un presidente autonómico cuando se ha inmiscuido en la causa la Fiscalía General del Estado, dirigida desde noviembre pasado por el magistrado del Supremo José Manuel Maza.