La oposición exige saber por qué el fiscal general no acusa al presidente murciano

Ramón Gorriarán MADRID / COLPISA

ESPAÑA

La responsable de Agricultura de Murcia, Adela Martínez-Cachá, en la foto con el presidente Pedro Antonio Sánchez, declarará como investigada por presunta prevaricación cuando era concejala
La responsable de Agricultura de Murcia, Adela Martínez-Cachá, en la foto con el presidente Pedro Antonio Sánchez, declarará como investigada por presunta prevaricación cuando era concejala Marcial Guillén | efe

El Gobierno niega que haya dado indicaciones, pero defiende la orden de Maza

16 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El PSOE encontró el apoyo del resto de los grupos de la oposición para que el fiscal general del Estado acuda al Congreso a explicar la decisión de no acusar de corrupción al presidente de Murcia en contra del criterio del juez y de las fiscalas del caso. Los socialistas consideran que se trata de una «injerencia» en toda regla del Gobierno porque sospechan que instruyó al fiscal general, José Manuel Maza, para que no suscribiera la acusación a Pedro Antonio Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada en unos contratos con la trama Púnica.

Las relaciones entre el Ejecutivo y el ministerio público siempre han sido materia de discusión con la oposición sea esta del color que sea. Los socialistas, con muchos años de experiencia en el Gobierno, las conocen bien y consideran que la actuación de Maza en el caso del presidente murciano y la trama Púnica es un ejemplo de libro de intervencionismo gubernamental. Máxime cuando el juez instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y las dos fiscalas anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García consideraron que había indicios suficientes de una conducta corrupta por parte de Sánchez en sus tratos con el empresario Alejandro de Pedro, uno de los pesos pesados de la red de contratos fraudulentos.

El propio Pedro Antonio Sánchez demostró tener un alto grado de conocimiento del pensamiento de la Fiscalía en su causa porque el martes, en declaraciones a una emisora de radio, se jactó, antes de que trascendiera lo que había pasado, de que cuatro fiscales del Supremo eran contrarios a su acusación de cohecho, como así fue. Por todo ello, el PSOE y otros grupos de la oposición, sobre todo Podemos, creen que el fiscal general se movió de acuerdo a las órdenes del Gobierno.

El diputado socialista Pedro Saura consideró que lo sucedido con el presidente de Murcia y la Fiscalía, además de ser «muy grave», demuestra que la acusación pública actuó como el «brazo ejecutor del Gobierno y el PP para que no se investigue» la relación entre Sánchez y la trama Púnica. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, señaló que debe haber «consecuencias» si se demuestra que la Fiscalía ha sido utilizada «por el Gobierno para favorecer a un presidente de una comunidad del PP que ha sido imputado» por el juez instructor. Más moderado, pero también molesto, se mostró el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para el que «como mínimo» es criticable, aunque sea legal, que la Fiscalía hubiera ordenado no acusar al presidente del Murcia en contra de sus dos representantes en el caso.

El ministro de Justicia, que recordó que no habría nada ilegal en que el fiscal general hubiera impuesto su criterio a sus subordinadas porque la carrera fiscal se rige por el principio jerárquico, negó las presiones a Maza que le atribuye la oposición. «Nunca, en ningún caso» el Gobierno ha ordenado a la Fiscalía General del Estado que actúe «en un sentido u otro», aseguró Rafael Catalá. El ministro apuntó que hubiera podido hacerlo porque existe «un cauce en el estatuto orgánico [del ministerio público] para requerir a la Fiscalía que actúe en un sentido o en otro», pero en este caso no se ha utilizado. Lo que ha ocurrido, prosiguió, demuestra «el funcionamiento normal de la Fiscalía».