Bernad ha ordenado a la letrada del caso Virginia López-Negrete no recurrir ante el Tribunal Supremo
17 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Si la Audiencia Provincial de Palma absuelve hoy a Cristina de Borbón, su exculpación sería definitiva. Según informaron ayer fuentes del ya extinto pseudosindicato Manos Limpias, el todavía líder de la organización, Miguel Bernad, ha ordenado a la letrada del caso, Virginia López-Negrete, no recurrir ante el Tribunal Supremo en casación la sentencia sea cual sea el sentido de la misma. Ni en el caso de la infanta ni en los del resto de los procesados. Bernad, en libertad desde la pasada Navidad, ha vuelto a insistir a su letrada en la orden de tirar la toalla.
Esta decisión convertirá en firme la absolución de Cristina de Borbón porque solo Manos Limpias acusaba a la infanta por cooperación necesaria en los delitos fiscales de su marido. Ninguna otra parte -ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares- acusaban a la hermana de Felipe VI, por lo que no podrían recurrir una supuesta absolución.
Manos Limpias, en la actualidad, está disuelta de hecho, aunque no jurídicamente. El golpe de gracia a esta organización se lo dieron la policía y el juez Santiago Pedraz en abril del 2016, en plena vista oral del caso Nóos, cuando detuvieron al propio Bernad y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por dirigir una trama de extorsión a bancos y particulares, además de haber tratado de chantajear al entorno de la infanta para sacarla del banquillo del caso Nóos a cambio de tres millones de euros. Aunque López-Negrete no fue imputada en un primer momento por la supuesta extorsión a la infanta, terminó siendo encausada en septiembre, acusada de haber participado con Pineda en la coacción al BBVA
El otro gran acusador es el fiscal Pedro Horrach, pero no está claro que sea la persona que dirija un posible recurso de casación ante el Supremo. Horrach pidió la excedencia de la carrera fiscal en julio del 2016, pero le fue denegada. La promesa de la Fiscalía General del Estado es que le dejará marchar el próximo 30 de abril.
Horrach, en cualquier caso, sí será el responsable de reclamar una vistilla para el ingreso en prisión en el caso de que la Audiencia de Palma dictamine penas de cárcel. La praxis habitual de este fiscal ha sido la de reclamar automáticamente el ingreso en prisión para todos los encausados por corrupción en las islas castigados en primera instancia con más de siete años de cárcel. Sin embargo, Horrach no tendrá las manos tan libres en este caso, ya que cualquier decisión deberá ser al menos consultada o consensuada con los responsables de la Fiscalía General del Estado.