El Gobierno niega que Rajoy fuera sometido a chantaje por la financiación del PP
ESPAÑA
«El presidente no se somete a presiones», responde a una información sobre una supuesta grabación comprometedora
13 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Mariano Rajoy encargó al portavoz del Gobierno que desmintiera «rotundamente» que haya cedido al chantaje de un empresario de medios de comunicación sobre una financiación ilegal del PP. Íñigo Méndez de Vigo explicó ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que el presidente del Gobierno en persona le dio la orden de salir al paso ante las informaciones publicadas y que se basan en una conversación grabada en la operación Lezo entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana.
«Al presidente del Gobierno no se le puede chantajear, no se somete a presiones», afirmó el ministro portavoz, que puso como ejemplo de esa firmeza la resistencia al rescate financiero de España en los momentos más delicados de la crisis en el 2012.
El periódico digital El Español publicó ayer que en una conversación grabada entre González y Zaplana el expresidente madrileño comenta que Rajoy envió al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, a negociar con el presidente del grupo Intereconomía, Julio Ariza, porque tenía en su poder una cinta de audio en la que un empresario reconocía que cada cierto tiempo iba al despacho del también extesorero de los populares Álvaro Lapuerta a pagar comisiones irregulares. El chantaje, según el relato de González, concluyó con un pago al empresario. «Le soltaron pasta por la puta cinta, para taparlo», precisó el expresidente ahora encarcelado.
Preguntado Méndez de Vigo sobre si existe la grabación, si hubo chantaje, si medió Bárcenas y si hubo un pago, respondió con un cuádruple no. «Cualquiera que conozca al presidente del Gobierno sabe que es una persona a la que no se le puede chantajear», aseguró el portavoz del Ejecutivo.
El empresario mencionado negó asimismo que hubiera chantajeado al presidente del Gobierno con la mencionada grabación. Ariza confirmó que la cinta existió y la tuvo en su poder, pero que intentó confirmar la veracidad de la charla. Como no fue posible, añadió, ningún medio de su grupo la divulgó.
Lo llamativo en esta ocasión es que Rajoy en persona ordenara al portavoz del Gobierno que desmintiera la información. Una respuesta que no ha dado en otras ocasiones en que también es protagonista de noticias controvertidas. «No suele decir nada o se ríe», afirman colaboradores suyos en la Moncloa.
«Tiene que dar la cara»
Pese al desmentido del Gobierno, la oposición aprovechó para exigir explicaciones al presidente. «Rajoy ya no tiene plasma ni videoconferencia que lo salve, tiene que dar la cara, se le han acumulado mucho las explicaciones; tiene que dar la cara y hacerlo cuanto antes», dijo la socialista Susana Díaz. La información publicada sirvió a Podemos para volver a justificar una vez más la moción de censura «para sacarles del Gobierno cuanto antes por una necesidad de salud pública», declaró Rafael Mayora, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos.
El Ejecutivo advierte al PSOE de que su ofensiva contra Catalá y los fiscales puede dañar las instituciones
El paso del tiempo no está sirviendo al Gobierno para desprenderse de la sombra de la operación Lezo. Por segunda semana consecutiva, el PSOE volverá a centrar la sesión de control en el Congreso en los escándalos de corrupción que afectan a los populares y en las derivadas del caso que acabó con el expresidente madrileño Ignacio González en prisión. Además, el martes, el pleno debatirá la moción en la que los socialistas plantean reprobar al ministro de Justicia, Rafael Catalá; al fiscal general, José Manuel Maza; y al responsable de Anticorrupción, Manuel Moix, por sus supuestas trabas a la investigación.
«Pido a los grupos parlamentarios que se tomen estas cosas con cierta calma», intentó ayer reconducir el conflicto el portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros. Íñigo Méndez de Vigo, sorprendido por que se negara a Catalá el crédito «antes de explicarse» en la Comisión de Justicia, advirtió, sobre todo al PSOE, del perjuicio que puede causar no ya al Gobierno, sino a España «achacar comportamientos incorrectos», como chivatazos o injerencias, a las principales organizaciones del Estado.
«Pediría cautela en esta cuestión porque se pueden dañar las instituciones -advirtió- y no es bueno en un momento en el que España, después de años difíciles, es una referencia en Europa y América Latina». Tampoco admiten en la Moncloa la tesis de la oposición de que las investigaciones judiciales siguen su curso y emergen nuevos escándalos no gracias, sino «pese» a la Fiscalía.
Las detenciones o las revelaciones que se van conociendo son precisamente a ojos del Gobierno la prueba de que el ministerio público «está funcionando adecuadamente».