La oposición ha impuesto su mayoría y los populares están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional, según señaló el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo
08 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Todavía no ha echado a andar, pero el PP es consciente ya de que la comisión de investigación creada en el Congreso para estudiar su presunta financiación irregular a través de una caja B se convertirá en una pesadilla que puede perseguirle durante toda la legislatura. El pacto alcanzado entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos, primer acuerdo de calado entre estas tres fuerzas, no impone límite temporal alguno a esta investigación, por lo que la oposición podrá estirar a su antojo la duración de esta comisión sin que el PP, en minoría, pueda hacer nada para impedirlo. Esa certeza es la que hace que los populares se estén volcando en tratar de impedir el arranque de los trabajos en un órgano parlamentario que consideran creado ex profeso con el único objetivo de debilitar al Gobierno de Mariano Rajoy abriendo una «causa general» al PP. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, anunció ayer que su partido recurrirá ante la Mesa del Congreso la negativa de la oposición a paralizar la comisión de investigación hasta que los servicios jurídicos se pronuncien sobre su legalidad y sobre el alcance temporal y geográfico que se puede someter a control del Congreso. Pero adelantó, sin tapujos, que su partido utilizará a su vez la comisión de investigación paralela que ha creado en el Senado, en donde el PP sí dispone de mayoría absoluta, para «sacar las vergüenzas» al resto de fuerzas políticas por su financiación.
El PP no tiene intención de limitar al ámbito parlamentario su batalla para torpedear una comisión que, paradójicamente, se comprometió a crear por escrito en los pactos de legislatura que suscribió con Ciudadanos. El paso siguiente a la previsible desestimación de su recurso ante la Mesa del Congreso será con toda probabilidad acudir al Tribunal Constitucional, aunque Fernández-Maíllo aseguró ayer que las medidas jurídicas a tomar en este caso «no están decididas ni suficientemente estudiadas». Eso sí, garantizó que se adoptarán «justo después» de que la Mesa del Congreso resuelva su recurso en su próxima reunión.
El PP daba por hecho que el PSOE y Podemos utilizarían esta comisión para debilitar permanentemente al Gobierno, pero la dureza que está mostrando Ciudadanos le ha sorprendido. El partido de Albert Rivera pidió ayer a los populares que controlen sus «nervios» ante la creación de la comisión de investigación y abandonen el show que, a su juicio, está montando con esta cuestión, mientras que el PSOE le reclamó que deje de «hacer el ridículo» y entienda que ya no goza de la mayoría absoluta que tenía en el pasado. Por último, Unidos Podemos consideró «sorprendente» que el PP sostenga que «lo que es ilegal no es su financiación, como han acreditado causas judiciales, sino la formación de una comisión cuya constitución ellos mismos respaldaron en el pleno».