La oposición le responde que solo han puesto en marcha el reloj de las elecciones
10 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.A pesar de las advertencias del Gobierno, el independentismo cree que a la tercera irá la vencida. Después de dos intentos, el 9N y el 27S, se conjura para organizar un referendo que le abra las puertas de la república catalana. El presidente de la Generalitat anunció ayer, tras una reunión extraordinaria del Gobierno catalán, la fecha y la pregunta de la pretendida consulta a los catalanes. Con cuatro meses por delante, el presidente de la Generalitat dio un paso más en el desafío al Estado y prendió la mecha del proceso, que ha entrado en la fase de la colisión institucional, pues el independentismo asegura que no piensa dar marcha atrás. Puigdemont se rodeó del Ejecutivo catalán al completo y de buena parte de los diputados de Junts pel Sí y la CUP en una imagen de unidad que engloba a la mayoría secesionista de la Cámara catalana, pero que representa a poco menos de la mitad de la población.
El dirigente nacionalista hizo el anuncio formal para «ratificar la decisión» de convocar una consulta, pero evitó firmar documento alguno para esquivar la impugnación por parte del Gobierno. Una declaración sin efectos jurídicos, pero de valor político, que marca un antes y un después en la pugna que libran el Gobierno central y el catalán y que acelerará el proceso, ya que ahora llegarán las decisiones ejecutivas, con riesgos penales, como la firma del decreto de convocatoria y la aprobación de la ley de desconexión .
Desde la oposición catalana apuntan que solo empieza la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones y que la estrategia soberanista no busca más que la reacción desproporcionada del Gobierno para que los partidos secesionistas puedan superar el 50 % de los votos obtenidos el 27S. Sin embargo, al fijar el día, Puigdemont, que no piensa repetir como candidato, verbaliza que va a por todas, se compromete a convocar y celebrar una consulta vinculante y a convertir el resultado en un mandato político.
Esta es la principal diferencia con el 9N. En la consulta del 2014, votaron 2,3 millones de personas, un tercio del censo, y en esta ocasión el objetivo soberanista es superar los tres millones. Puigdemont lleva meses asegurando que lo que hará que la votación sea vinculante será la participación. La ANC, mientras, aprieta y exige que se presente ya el censo, una de las muchas incógnitas que rodean al referendo y que marcarán las próximas semanas. Por ejemplo, cuándo se aprobará la norma que dé cobertura legal a la consulta, cómo será la junta electoral, las condiciones de la campaña, si habrá locales en todos los municipios (los ayuntamientos socialistas han dicho que no colaborarán), si los funcionarios tienen garantizados sus derechos y si los no independentistas se verán interpelados a votar en una consulta unilateral, al margen de la ley y que no contará con el reconocimiento ni de Madrid ni de Bruselas.
Aunque el apoyo social no es mayoritario, Puigdemont adujo que Cataluña es una nación y tiene el derecho «inalienable» a la autodeterminación. En segundo lugar, la ruptura se justifica, según expresó Puigdemont en un discurso muy duro, porque el Estado, al decir siempre no a las demandas de los catalanes, no deja otra opción.