La oposición lo ve como una «contracomisión» creada como reacción a la que en el Congreso indaga sobre la presunta financiación irregular del PP
23 jun 2017 . Actualizado a las 17:46 h.El PP quiere que los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera, comparezcan ante la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado, en tanto que los socialistas y Unidos Podemos reclaman por su parte la presencia de Mariano Rajoy.
Los grupos parlamentarios del Senado han registrado este viernes sus planes de trabajo para que pueda echar a andar una comisión promovida por el PP en la Cámara alta y que la oposición ve como una «contracomisión» creada como reacción a la que en el Congreso indaga sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular.
Además de los máximos dirigentes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, el grupo popular, con mayoría absoluta en el Senado, solicita que acudan al Senado otros cargos y exdirigentes de estos tres partidos, como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el expresidente del Congreso José Bono, y plantea que desarrolle su labor a lo largo de un año, y además hacerlo «lo antes posible».
Los socialistas, por su parte, reclaman además de Rajoy la presencia del expresidente José María Aznar para que también dé explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP, y la de cargos y exdirigentes como María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Ignacio González, Jaume Matas o Francisco Granados.
De esta manera, la documentación y comparecencias que pretenden los grupos se distribuyen en dos bloques, por una parte las referidas al PP exigidas por la oposición y por otra las de los demás partidos planteadas en relación a los populares.
El PP solicita documentos internos y contables de PSOE, Podemos, IU, PSC, Ciudadanos, PNV, la extinta CiU, PDeCAT, Compromís y ERC, junto a una larga relación de comparecientes, entre los que destacan editores de medios «afines» a Podemos, como Tristán Meyer, e insta al Tribunal de Cuentas a facilitar la contabilidad de los partidos desde su creación hasta la actualidad.
El portavoz del PP en esta comisión, Luis Aznar, ha asegurado que se trata de buscar «resultados positivos y de futuro, cercar la corrupción y verificar lo máximo posible la financiación de los partidos», con especial detalle a las nuevas fórmulas como el «crowdfounding» o los microcréditos.
Sin embargo, el PSOE centra su plan de trabajo en indagar exclusivamente al PP, porque entiende que la comisión que ha promovido en el Senado no es más que un «ventilador parlamentario para embarrar la vida política», cuando la «alarma social» generada por la corrupción está a su juicio vinculada en exclusiva al PP. De esta manera, plantea que la comisión actúe paralelamente a la del Congreso sobre presunta financiación irregular de este partido y reclama el testimonio de excargos del PP en Madrid y la Comunidad Valenciana junto a empresarios y donantes investigados judicialmente. Figuran también en su lista los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González o el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, sin olvidar solicitar informes policiales incorporados a sumarios judiciales.
Unidos Podemos coincide con el PSOE en pedir declaración a Rajoy, Bárcenas, Cospedal, Aguirre o González, entre otros, pero incluye además a empresarios como Luis del Rivero, Juan Miguel Villar Mir, Rafael del Pino o José Mayor Oreja, a expertos como el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, periodistas, policías y guardias civiles y extesoreros de la desaparecida CDC. Su intención, por tanto, es indagar a partir de los casos judicializados del PP y CDC.
Podemos subraya que por la complejidad de la materia la comisión «debe evitar autoimponerse un límite temporal de sus trabajos de estudio e investigación» y propone que las votaciones y decisiones sean adoptadas por una mayoría de tres quintos, lo que supera la mayoría absoluta que permite al PP controlar cualquier decisión.
ERC también ha presentado un plan de trabajo donde no concreta los cargos a los quiere convocar, pero sí dice que deben ser los responsables de finanzas y presidentes de los partidos investigados por financiación ilegal, además de los representantes de los partidos sin cargos imputados, para que expliquen su gestión. En todo caso, los republicanos catalanes no limitan a un sólo partido el objeto de las indagaciones, y busca averiguar «cómo se han financiado los partidos acusados de corrupción» y determinar las causas de la corrupción y el destino último de las donaciones, comparando los partidos corruptos de los «sanos».
El plan del trabajo del PNV, por su parte no incluye petición de documentación ni comparecencias y aboga por dar un sentido «positivo y propositivo» al órgano del Senado para mejorar el sistema de financiación analizando «de forma objetiva» la situación de los partidos en un plazo de seis meses prorrogables.
Todas las peticiones y planes de trabajo serán estudiadas por la comisión de investigación el próximo jueves, cuando se pretende aprobar el plan definitivo de actuaciones.