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Podemos se queda fuera del frente constitucionalista para impedir el 1-O

N. Vega / C. Reino MADRID, BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Mariscal | efe

Rivera acude a la Moncloa tras la conversación entre Rajoy y Sánchez para cerrar filas

06 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En una semana trascendental para el devenir del proceso independentista, Mariano Rajoy se ha procurado el respaldo sin fisuras del bloque de partidos que defienden la Constitución. La reunión de ayer en la Moncloa con Albert Rivera, horas después de una conversación telefónica con Pedro Sánchez, sirvió para hacer ostensible la unidad de PP, PSOE y Ciudadanos frente al desafío secesionista. Un frente del que únicamente se queda fuera, entre los grandes partidos, Podemos, que considera legítimo el 1-O, pero no como un referendo sino como una movilización política.

La consulta ilegal es causa de división también en Podemos y sus socios. El grupo parlamentario en la Cámara catalana aún no ha decidido qué postura adoptará ante la ley del referendo. Desde apoyar la ley, si Junts pel Sí y la CUP aceptan algunas de sus enmiendas -como retirar el carácter vinculante de la consulta, extremo poco probable- hasta votar en contra o abstenerse. Esta división en la izquierda alternativa se da también entre los comunes, el partido que lidera Ada Colau, que se ha mostrado dispuesta a permitir la votación en locales municipales. Bajo el lema «El 1 de octubre no iremos, porque no es un referendo», un colectivo de los comunes criticó ayer que Junts pel Sí y la CUP pretendan aprobar antes del 1-O una ley de ruptura y la instauración unilateral de una república. Mientras, históricos del PSUC impulsaron ayer un manifiesto, dando su apoyo a la consulta.

Enfrente están PP, PSOE y Ciudadanos, El líder de esta última formación, Albert Rivera, estaba citado ayer en la Moncloa a las diez menos cuarto de la mañana. Una hora después, abandonó la sede gubernamental con la convicción de que «todas las ilegalidades que se cometan» en los próximos días en Cataluña deben tener respuesta. Especialmente para evitar un «bochorno» como el del 9 de noviembre del 2014, cuando la consulta se celebró pese a que el Gobierno rehusó reconocerla como un referendo. «El 9N hubo un vacío y ni la Fiscalía impidió que se abrieran los colegios ni se impidió que se utilizara dinero público ni el Gobierno hizo nada: fue un ejemplo de lo que no hay que hacer», dijo.

Comunicación permanente

El temor entonces a la imagen de las fuerzas de seguridad retirando las urnas pesó más que la determinación de reprimir una consulta que no tenía validez legal. Tres años después, sin embargo, el Gobierno sostiene que el independentismo no ha logrado apoyos en el exterior y lo que ahora considera inaceptable es conceder a Carles Puigdemont los éxitos que la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le niegan. De ahí la advertencia el pasado lunes de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la determinación del Gobierno para impedir la colocación de urnas en las calles el 1 de octubre si ese día la Generalitat tiene logística suficiente para organizar la votación.

El Ejecutivo no quiere, en todo caso, que ninguna de sus actuaciones quiebre el consenso con PSOE y Ciudadanos. El contacto con las direcciones de ambos partidos en Madrid y Barcelona es constante. Es lo que se ha bautizado como «canal permanente de comunicación». Unas veces el interlocutor es Rajoy; otras, la vicepresidenta. Y pese a la fragilidad de las relaciones políticas, no hay grietas en la defensa de la legalidad. Con ese ánimo, el de mantener la alianza hasta el 1 de octubre, el jefe del Ejecutivo acogió el lunes de buen grado la comisión que plantea el PSOE para estudiar el modelo territorial.

El líder de los socialistas agradeció ayer la actitud de Rajoy y, pese a sus reticencias a hablar de «futuribles», sugirió su respaldo a la retirada de las urnas si la medida resulta necesaria. «Ante un hecho ilegal, el Estado tiene que garantizar la legalidad», aseguró. Además, llamó a no participar en el «simulacro» de la Generalitat y censuró que el presidente catalán tilde de antidemocrática la prohibición del referendo.