Acusa a Neus Lloveras y a Miquel Buch de los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación.
14 sep 2017 . Actualizado a las 14:28 h.La Fiscalía ha presentado una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover el referendo del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional.
La querella, que se ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusa a Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Barcelona), de los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación.
Los jueces llaman a desobedecer a la Generalitat ante el 1-O
Las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces han emitido un comunicado conjunto en el que llaman a los ciudadanos y a los funcionarios a no cumplir ninguna orden que conduzca a organizar el referendo de autodeterminación y a participar en él, porque una autoridad que «se rebela» contra el ordenamiento jurídico y actúa de forma «totalitaria» no tiene que ser obedecida.
«Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario», se avisa en el escrito, firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.
En el comunicado, se recuerda que la ley de transitoriedad jurídica y la del referendo están suspendidas por el Tribunal Constitucional, así como todos los actos que se derivan de ellas, por lo que los ciudadanos «no están obligados» a cumplir ni esas leyes ni las normas dictadas en su desarrollo.
Los juzgados darán «amparo»
Los jueces también se dirigen a los funcionarios públicos, a los que les recuerdan que tienen la obligación de acatar la Constitución y la legalidad constitucional y de cumplir las resoluciones judiciales, «prestando la colaboración requerida para su ejecución».
Entre ellos se encuentran los jueces de Cataluña, a los que expresan el apoyo y cobertura «institucional, material y moral» del conjunto de la Judicatura española.
Todos ellos, ciudadanos y funcionarios, pueden encontrarán «amparo y respuesta» en los juzgados y tribunales ante cualquier actuación que les pretenda obligar a aplicar disposiciones suspendidas o declaradas nulas.
