Asume el pago de las nóminas públicas y de los servicios esenciales en Cataluña y da un plazo de 48 horas a Puigdemont para que congele los gastos en todas las demás partidas de sus Presupuestos
16 sep 2017 . Actualizado a las 12:02 h.Después de la vía jurídica y de la policial, llega la económica. El Gobierno no está dispuesto a dejar ningún cabo suelto en su objetivo de impedir que los independentistas consumen su intento de celebrar un referendo ilegal. Y, por ello, toma medidas para dejar sin liquidez a la Generalitat. La decisión del vicepresidente catalán y consejero de Economía, Oriol Junqueras, de dejar de enviar al Gobierno los informes semanales sobre sus gastos, fue respondida de manera fulminante por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien anunció que a partir de ahora el Ejecutivo se hará cargo de todos los pagos de la Generalitat en lo que afecta a servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, ayudas a las familias y nóminas de los empleados públicos), lo que supone que el Estado dejará de transferir unos 1.400 millones de euros mensuales con cargo a la financiación autonómica. Pero, además, paralizará todos los demás pagos que la Generalitat pueda realizar con los 250 millones mensuales que recauda por los impuestos propios o cedidos. Para ello, Montoro dio un plazo de 48 horas al Gobierno catalán para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad en «todas las partidas no vinculadas a servicios públicos».
Eso supone que todos los gastos que no sean servicios esenciales quedarán congelados y solo podrán ejecutarse cuando el Estado lo autorice y después de haber recibido el justificante. La Generalitat tendrá que comunicar además todos los créditos que tiene pendientes no solo a largo, sino también a corto plazo, para comprobar que no se paga en diferido ninguna partida destinada al referendo. Hasta ahora, la obligación solo se establecía para créditos a más de un año.
El Gobierno no contempla la posibilidad de que la Generalitat incumpla sus exigencias. «¿Qué va a pasar? ¿Que nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, a los funcionarios?», explicó el titular de Hacienda, que indicó que en todo caso, «si la Generalitat no adopta este acuerdo de no disponibilidad, el ministro lo adoptará en su lugar».
En la práctica, aunque Montoro no quiso utilizar esa palabra, las medidas adoptadas ayer suponen que el Gobierno interviene la caja de la Generalitat, porque a partir de ahora solo podrá gastar en partidas que cuenten con autorización previa por parte del Ejecutivo. Para garantizar que no se destina dinero a gastos relacionados con el 1-O, el Gobierno exigirá a los bancos que «eviten colaborar con las actividades del referendo ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero». Si las entidades detectan algún pago de la Generalitat relacionado con la consulta ilegal, deberán comunicárselo a Hacienda.
El Gobierno se esforzó en dejar claro que no se trata en ningún caso de suspender competencias del Gobierno catalán. «No estamos sustituyendo competencias, sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal», insistió Montoro. «Todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado», señaló el ministro, que garantizó que «ningún euro irá a pagar ninguna actividad ilegal». Sánchez y Rivera lo apoyan
Pero la medida, que entrará en vigor en cuanto se publique hoy en el BOE y fue aprobada en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Consejo de Ministros, es en realidad un paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que se justifica en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esa ley indica en su artículo 26 que, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución», en caso de que una comunidad no adoptara un acuerdo de no disponibilidad cuando se le reclame, el Gobierno requerirá a su presidente que lo haga. Y, si no lo hiciera, «el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a su ejecución forzosa». Y, para la ejecución de esas medidas, «el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma».
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, respaldó las decisiones del Gobierno «en defensa de la ley y del Estado de derecho», pero pidió «mesura» y que «se garanticen los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos». El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, apoyó también estas medidas.
Una medida para ahogar al secesionismo sin el artículo 155
G. Bareño
El ministro de Hacienda consideró las medidas adoptadas ayer como un «novedoso» sistema de control de pagos cuyos detalles aclarará la semana que viene en una comparecencia en el Congreso. El modelo es novedoso porque, en la práctica, permite al Gobierno intervenir las cuentas de Cataluña sin necesidad de recurrir por ahora al temido artículo 155 de la Constitución.
Dinero retenido
1.400 millones al mes. Hacienda calcula que con las medidas adoptadas ayer la Generalitat dejará de percibir en torno a 1.400 millones de euros al mes por parte del Estado con cargo al sistema de financiación autonómica y a tributos compartidos como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales, lo que supone cerca del 80 % de sus recursos. En lugar de girar ese dinero a Cataluña, a partir de ahora Hacienda aguardará a que la Generalitat le especifique qué es lo que necesita pagar y solo entonces se hará cargo del abono de esas facturas, sin que el dinero pase por la caja de la comunidad autónoma. Antes de que la Generalitat dejara de informar de sus gastos, Hacienda ya había entregado 500 millones de euros con cargo al presente mes de septiembre.
Recursos propios
250 millones al mes. Las medidas adoptadas ayer por el Consejo de Ministros no afectan a los recursos que la Generalitat obtiene directamente como consecuencia de los impuestos propios o de aquellos que están cedidos (patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, medioambientales), y que suponen en torno a 250 millones de euros al mes. Eso quiere decir que la Generalitat dispone ahora de aproximadamente el 10 % de sus ingresos habituales. Aun así, los bancos controlarán, por orden del Gobierno, que con ese dinero no se pague ningún gasto destinado a actividades relacionadas con el referendo ilegal.
El papel de los bancos
Como en el blanqueo de dinero. El Gobierno equipara la utilización de dinero público para facilitar la celebración del referendo ilegal con otros delitos comunes. Por ello, exige a los bancos que sus oficinas eviten colaborar con las actividades ligadas a la consulta, «como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero». Si las entidades detectan alguna transferencia o pago relacionado con el 1-O, deben comunicarlo a Hacienda. Además, los avisa de que cualquier pago que la Generalitat haga a través de un banco debe ir acompañado de un certificado de los interventores del Estado acreditando que no está destinado a actividades relacionadas con el referendo ilegal.
Amparo legal
Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las decisiones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros se justifican en la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que faculta al Gobierno para adoptar medidas de ajuste extraordinarias cuando se incumplan las condiciones en materia de seguimiento y remisión de información por parte de las comunidades para acceder a los mecanismos de liquidez, y también a tomar medidas coercitivas para su cumplimiento.