Reclama la cinta en la que Ignacio González y Zaplana hablan de chantaje
09 oct 2017 . Actualizado a las 23:43 h.El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa por la presunta caja B del PP, busca una cinta que todavía no ha salido a luz en la que un empresario intenta chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con pruebas del pago de comisiones ilegales a los populares. Una conversación grabada por investigadores policiales entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana da a conocer la existencia de esa cinta, que busca ahora el juez José de la Mata. Por ello, ha pedido a su compañero Manuel García-Castellón -que instruye el caso Lezo, por el que está en prisión preventiva Ignacio González- la «transcripción íntegra y la grabación» de la conversación que mantuvieron los dos expolíticos del PP, donde hablaban del chantaje al presidente.
Se trata de una diligencia, según Europa Press, que fue solicitada a principios del pasado mes de junio por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida en la causa sobre la presunta caja B del PP, tras conocerse que en el sumario del caso Lezo se hablaba de esta grabación en la que el empresario Rafael Palencia presuntamente había reconocido pagos a los populares en el 2008. De la Mata dio la orden de encontrar esta cinta y emplazó a Palencia, responsable de la empresa de tratamiento de aguas y residuos Degremont Iberia, para que declare como investigado el próximo 25 de octubre. También se busca la grabación original entre los archivos incautados del caso.
En la conversación reclamada ahora por De la Maza, González le dice a Zaplana que Rajoy fue extorsionado con un vídeo y mandó al extesorero del PP Luis Bárcenas a taparlo. En dicho documento aparecía Palencia confesando que había dado dinero al también extesorero de la formación Álvaro Lapuerta. El empresario ya estuvo imputado en el caso de los papeles de Bárcenas por supuestas donaciones al PP. El listado que llevaba el polémico extesorero y exsenador recogía presuntos pagos de este empresario por importe total de 165.000 euros a lo largo de diez años, entre 1998 y el 2008.
La conexión con Correa
El juez justifica su petición en las referencias que hizo a estas entregas el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de esta red (1999-2005).
Correa tiene por delante un oscuro panorama judicial. Ayer escuchó cómo la Fiscalía elevó a definitiva la petición inicial de 125 años y un mes de prisión para el líder de la red corrupta en el juicio por este caso, que afronta su recta final y lo hace sin sorpresas, ya que la Fiscalía apenas introdujo variaciones mínimas en sus peticiones de cárcel para las 37 personas que se sientan en el banquillo acusadas de pertenecer a la trama corrupta que salpica al PP.
El cambio más llamativo es la reducción de petición de pena para el extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha pasado de 42 a 39 años de cárcel. La fiscala Concepción Sabadell explicó en la vista que la rebaja se produce al retirarle un delito fiscal por el IRPF del 2009, de acuerdo con la interpretación que hicieron los peritos durante el juicio, que no vieron irregularidades en las declaraciones de Bárcenas en ese ejercicio. «Como consecuencia de las nuevas liquidaciones, la cuota correspondiente al año 2009 queda por debajo de los 120.000 euros», por lo que no es delito, según recoge el nuevo escrito.
Otro de los beneficiados con la reducción por la interpretación de los técnicos del fisco es el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo, al que se le retiran tres delitos fiscales, y se reduce la petición de cárcel para él de 46 a 39 años y seis meses.
Colaboradores
No hay cambios para el cabecilla de la trama corrupta y para sus más estrechos colaboradores. Se mantienen las peticiones para el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo (85 años y seis meses); el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, el Bigotes (5 años y dos meses); y el contable de la trama, José Luis Izquierdo (45 años y dos meses). Ninguno de ellos reconoció irregularidad alguna durante el juicio. Correa, Crespo y el Bigotes se encuentran en prisión desde el pasado febrero, tras ser condenados por amañar los contratos de la Generalitat Valenciana.