La patronal autonómica alerta de que la fuga de firmas afectará a la inversión y al empleo
26 oct 2017 . Actualizado a las 07:16 h.«La vía de agua abierta en la economía catalana debe cerrarse de forma rápida, con la participación y la altura de miras de los agentes políticos implicados». Ese es el llamamiento que la patronal catalana Fomento del Trabajo reiteró este miércoles en un informe en el que analiza el impacto de la salida de empresas de la comunidad, debido a la escalada de tensión soberanista.
La organización que preside Joaquim Gay de Montellà, urge a que se resuelva el conflicto para poder continuar con el «importante» crecimiento económico de España y Cataluña, superior a la media europea, y para reducir el paro que aún persiste tras la crisis padecida.
El documento señala que, aunque en el corto plazo el cambio de sede de las empresas no tendría repercusiones «muy significativas» a nivel económico, ya que no deslocalizan su actividad, sí produciría efectos negativos «importantes» en términos de reputación y de imagen para el territorio.
Golpe a medio plazo
Es en el medio plazo donde «los riesgos» son más relevantes, ya que, de persistir la incertidumbre jurídica, puede afectar a la inversión y al empleo. Así, los empresarios apuntan a que mientras que «muchas empresas tienen costes hundidos que dificultan su movilidad, en otras puede producirse un traslado gradual de bienes y servicios producidos en Cataluña hacia las nuevas sedes en las que se han relocalizado», con su consecuente incidencia en el empleo. Y a lo anterior suman la potencial exclusión de nuevas inversiones que puedan producir estas empresas o multinacionales de otros países.
Fomento del Trabajo considera que es en las grandes y medianas empresas, que emplean al 40 % de los trabajadores en España, en las que más impacta la incertidumbre política, por lo que son las más tendentes a acabar deslocalizando su actividad económica.
Hasta el martes, 1.501 sociedades habían trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos del país, según los datos del Colegio de Registradores de España.
También el presidente de la CEOE, Juan Rosell, comparte la preocupación de la patronal catalana. Este miércoles señaló que la fuga de empresas solo se paralizará si los acontecimientos políticos futuros transmiten seguridad. «Las empresas deciden lo que tienen que hacer en cada momento, y las decisiones en estos momentos están tomadas, son firmes», aseveró, para añadir que iba a ser «difícil» recuperar el deterioro que ya se está produciendo.
Javier Campo, presidente de la patronal de las grandes empresas de distribución (Aecoc), se pronunció en el mismo sentido en la apertura del congreso anual del sector, que este miércoles reunió en Valencia a más de un millar de representantes de las principales compañías de distribución y gran consumo. Aunque mantuvo la confianza en que el conflicto catalán «se acabará arreglando», advirtió que hasta ese momento las empresas tomarán «las decisiones con rapidez y eficacia» para proteger su actividad.
En el mismo foro, el presidente de Mercadona, Juan Roig, hizo una alusión velada a la situación de Cataluña al asegurar que «es más fácil hacer cambios cuando sabes adónde vas», pero que en España actualmente no se sabe hacia dónde se va o cómo se va a solucionar».
Caída del PIB de hasta el 30 %
El que tiene claro -y cuantificado- a dónde conduce la deriva independentista es el ministro de Economía. Luis de Guindos aseguró este miércoles en el Congreso, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PSC Meritxell Batet, que en caso de independizarse, Cataluña «sería mucho menos autónoma y tendría mucha menos soberanía desde el punto de vista económico que como parte de España, de la Unión Europea y de la zona euro».
El ministro sostuvo que el efecto del soberanismo en la región supondría una caída del PIB de entre el 25 y el 30 %, además de que se «doblaría» la tasa de paro.
La crisis política hace bajar los precios un 20 %
El precio medio de la vivienda de lujo en Cataluña podría bajar hasta un 20 % en los próximos meses debido al conflicto político, según la inmobiliaria británica Barnes International Realty. El sector inmobiliario atravesaba su mejor momento desde la crisis económica, pero desde hace un mes, a raíz de la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre, los precios registran una fuerte tendencia a la baja.
El Govern da orden a la banca de pagar las nóminas
El Gobierno de la Generalitat dio este miércoles orden a los bancos de pagar las nóminas de los funcionarios con cargo a su tesorería, aplicando la misma fórmula que ya utilizó el pasado mes de septiembre, según informó Efe, citando fuentes del Ejecutivo catalán.
Dichas fuentes explicaron que el pago asciende a 390 millones de euros, unos 40 más que en septiembre, e incluye la nómina de los trabajadores de la Generalitat, de los profesores de las escuelas concertadas y del personal del Instituto Catalán de Salud (ICS) y del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
Aunque la orden de pago a los bancos podría parecer, en principio, la materialización de un desacato por parte del vicepresidente del Govern y consejero de Economía, Oriol Junqueras, ya que el Ejecutivo catalán tiene sus cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda desde mediados de septiembre, no es tal. El vicepresidente de la Generalitat anunció semanas atrás que daba por «suspendida» la intervención de las cuentas y que contactaría con las entidades financieras «por vía administrativa y notarial» para transmitir «la máxima normalidad».
Hacienda lo autorizó antes
Lo cierto es que fuentes del ministerio de Cristóbal Montoro confirmaron este miércoles que la orden de abono con cargo a los recursos propios de la Generalitat se había autorizado previamente por Hacienda, como es preceptivo. «Se ha hecho exactamente igual que el mes pasado: se autoriza al banco a realizar el pago una vez que recibimos el certificado correspondiente de la intervención y se comprueba a qué corresponden los gastos. Y así se ha hecho, en la más absoluta legalidad», explicaron en el ministerio.
Cabe recordar que el Gobierno central aprobó la medida de fiscalizar las cuentas catalanas para impedir que se desviaran fondos a financiar la celebración del referendo ilegal convocado para el pasado 1 de octubre, ni a cualquier otro aspecto relacionado con la causa soberanista.
Los empleados públicos catalanes comenzarán a cobrar sus nóminas a partir de hoy, unos días antes de lo que es habitual, apunta Efe.