La Fiscalía se querellará el lunes contra 17 promotores de la independencia
ESPAÑA
Acusará de sedición y/o rebelión a Puigdemont, su Gobierno y la Mesa del Parlamento
28 oct 2017 . Actualizado a las 09:34 h.La Fiscalía General del Estado presentará este lunes una querella por un delito de rebelión y/o de sedición contra los promotores de la declaración unilateral de independencia, según confirmaron fuentes fiscales. En un principio, los querellados serían 17: los 13 miembros del Gobierno catalán, es decir, el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 11 consejeros (Santi Vila, responsable de Empresa y Conocimiento, dimitió el jueves); y cuatro de la Mesa del Parlamento autonómico (la presidenta Carme Forcadell y los diputados Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet).
Se les acusa de un delito según el artículo 472 del Código Penal, que implica a quienes «se alcen violenta y públicamente con alguno de estos fines: derogar, suspender o modificar (...) la Constitución, impedir que se reúnan (...) o sustraer las atribuciones» de las cámaras legislativas o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Las querellas se podrán presentar ante diferentes juzgados:
Carles Puigdemont. Sería considerado por la Fiscalía como el promotor del delito de rebelión, y las penas de cárcel van desde los 15 hasta los 25 años. Se le podría castigar además con una inhabilitación para cargos públicos del mismo período. El fiscal general ya anticipó que sería «lógico» incluir, como medida cautelar, su detención inmediata. Al mantener su acta de diputado por Gerona sigue siendo aforado, por lo tanto la querella debería ir dirigida en un principio al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya le investiga por presunta prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos tras aprobar la leyes de ruptura del referendo.
Oriol Junqueras. Exvicepresidente de la Generalitat y una de las cabezas pensantes del proyecto, podría aparecer como cooperador necesario o inductor de la rebelión, y entonces se enfrentaría a los mismos 15 a 25 años de prisión que Puigdemont; si se le considera como subalterno, el castigo se reduce algo, hasta los 10 o 15 años de prisión. Junqueras es investigado también por el TSJC por la aprobación de las leyes de ruptura.
Exconsejeros. La Fiscalía puede atribuirles la condición de subalternos en la rebelión (de 10 a 15 años) o incluso de participantes (se enfrentarían a penas de 5 a 10 años). La Sala Segunda del Tribunal Supremo será previsiblemente el órgano que decida la admisión a trámite de la querella. La competencia del alto tribunal para conocer estos hechos se debe a que tanto la comisión del delito como sus efectos exceden el ámbito territorial de Cataluña (consecuencias económicas, uso de terminales informáticas en el extranjero...). Además, todos los exconsejeros tienen una causa abierta en el TSJC por la aprobación de las leyes de ruptura, junto a Puigdemont y Junqueras.
Carme Forcadell. Es la cuarta querella de la expresidenta del Parlamento catalán. Tiene tres causas abiertas en el TSJC por su papel en el proceso. Concretamente, por autorizar la tramitación de normas que iban en contra de los resoluciones del Tribunal Constitucional, y eso ha provocado su investigación por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. La disolución ahora de la Cámara catalana no le afecta a su condición de aforada, ya que forma parte de la diputación permanente, que seguirá trabajando hasta el nuevo parlamento autonómico. Esta situación provoca que su fuero siga en el TSJC, por lo que la querella de la Fiscalía por un delito de rebelión y/o sedición tendría que recaer en ese tribunal. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que existe la posibilidad de que, al tratarse de los mismos hechos que en el caso de los consejeros, el Tribunal Supremo arrastre las actuaciones contra Forcadell.
Mesa del Parlamento catalán. La Fiscalía contempla incluir en su querella a los tres integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico por tramitar la declaración de independencia pese al informe de los letrados de la Cámara sobre la imposibilidad de hacerlo. Los tres (Guinó, Simó y Barrufet) forman parte también de la diputación permanente, así que el TSJC verá los delitos.
Los jueces y fiscales de Cataluña solo seguirán las leyes emanadas de la Constitución y el estatuto
El compromiso de los jueces y fiscales que trabajan en Cataluña está con la Constitución y el estatuto, y la legitimidad que emana de ellos. Así lo dejaron claro siete asociaciones profesionales que en dos comunicados oficiales (uno de los magistrados y otro de los fiscales) salían al paso ante las dudas de qué ocurrirá desde hoy en los juzgados catalanes.
Las secciones en Cataluña de cuatro asociaciones judiciales recalcan que los jueces serán los garantes de la seguridad jurídica constitucional: «Los ciudadanos deben tener la certeza de que la única legislación que será aplicada en Cataluña es la que deriva de la Constitución y del Estatuto de Autonomía».
En un comunicado conjunto de las entidades también garantizarán «la absoluta ineficacia de las normas dictadas ilegítimamente fuera del marco constitucional y estatutario».
Por su parte, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de fiscales y la Unión Progresista de Fiscales mostraron este viernes su «frontal repulsa» al ataque al Estado de derecho. También optaron por un comunicado conjunto, en el que los fiscales han querido expresar su total apoyo a los compañeros del Ministerio Público en Cataluña. Ellos, recuerdan, cumplirán con sus deberes constitucionales también en esta «dura etapa para la democracia».
Según recalcan las diferentes agrupaciones profesionales, los fiscales que ejercen en Cataluña «siempre contarán en su actuación profesional con nuestro el respaldo firme y decidido» ante la «ilegal y antidemocrática» proclamación en el Parlamento catalán.