La jueza de la Audiencia Nacional, que acusa al expresidente catalán de alentar un movimiento de insurrección activa, ha dictado la euroorden de detención y pone en alerta a la Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol por si algunos de los antiguos miembros del Govern ya han abandonado Bélgica
03 nov 2017 . Actualizado a las 22:01 h.La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado este viernes órdenes europeas de detención para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas y que no acudieron el jueves a declarar por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el desarrollo del denominado procés y la declaración unilateral de independencia de Cataluña, han confirmado fuentes jurídicas. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado dos autos diferentes, uno dirigido a la Fiscalía General belga para que sean detenidos en dicho país y otro de busca y captura internacional por si se encontraran en otro lugar.
Pide que sean detenidos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos a los que añade prevaricación y desobediencia. Además de Puigdemont, el resto de miembros del Gobierno de Cataluña cesados son Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación). La Fiscalía pidió la detención de todos ellos ante el «caso omiso» a las citaciones.
Esas euroórdenes se han insertado también en la oficina Sirene, el sistema de información Schengen para comprobar los movimientos de delincuentes en los pasos fronterizos de Europa. En los otros autos, la jueza tramita la orden de busca y captura nacional e internacional de todos ellos, a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol.
Para Lamela el expresidente Carles Puigdemont debe responder ante la justicia por alentar un movimiento de insurrección activa entre la población y le acusa de promover actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña. Hizo «nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación», relata la jueza al explicar su «frontal» desobediencia a las resoluciones judiciales suspendiendo las leyes de desconexión encaminadas a la independencia, que finalmente se declaró en el Parlament.
La magistrada además rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado estas órdenes un día después de acordar el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros investigados en la misma causa ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. En su auto la jueza incidía en la incomparecencia de los ahora buscados como una de las razones de la imposición de la medida cautelar a sus excompañeros de Gobierno, ante el peligro de que puedan eludir la acción de la Justicia.
La Fiscalía federal belga ha recibido pasadas las 20:00 horas las órdenes europeas de detención para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la fiscalía. Los documentos han llegado traducidos y serán «examinados este sábado», han explicado las fuentes, que recuerdan que en las próximas horas será designado un juez de instrucción para que decida «los pasos a seguir».
La llegada a España de Puigdemont podría demorarse más de dos meses
La decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de dictar órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que no han acudido a su citación abre un procedimiento que puede durar más de dos meses hasta su entrega a España. Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde el 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea del 2002.
La orden de la jueza se tramitará para que la Policía belga proceda a la detención de Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, a no ser que ellos se entreguen antes. Según el ordenamiento jurídico belga, los ex altos cargos catalanes serían puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario (hipótesis que ha apuntado el representante legal del expresidente catalán), la decisión corresponde a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispone de un plazo de quince días.
Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver. Pero, además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea. En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención. El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está acusado de malversación y prevaricación (además de desobediencia). En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la OEDE, con lo que la justicia belga podría tener que pronunciarse sobre el fondo del asunto.
El auto emitido por la jueza se conoce casi al mismo tiempo que la televisión belga RTBF emite una entrevista con Carles Puigdemont en la que, en un avance emitido hace unas horas, el expresidente se mostraba dispuesto a ser candidato a las elecciones desde el extranjero.
