El expresidente dice ahora que para su objetivo es mejor estar en Bruselas que en la cárcel, mientras que sus socios de ERC le instan a regresar, «que es lo que habría hecho Francesc Macià»
24 dic 2017 . Actualizado a las 07:53 h.Decía Puigdemont que España tiene «un pollo de cojones». Pero el suyo aún es mayor. Porque debe elegir entre ir a la cárcel para ser presidente o renunciar a la presidencia para seguir en la calle. Porque las dos cosas son incompatibles. Se lo recordó ayer su propio abogado, Jaume Alonso Cuevillas. «La única opción de Puigdemont para ser investido es volver», dijo en una entrevista en la emisora de radio catalana RAC1. Pero acto seguido precisó que «es evidente que en el momento en el que venga será detenido». Se rompe así el espejismo en el que se habían instalado los independentistas en un primer momento tras las elecciones, cuando se llegaron a plantear una investidura sin presencia física del candidato. Pero ayer mismo reconocieron que el reglamento del Parlamento no permite una investidura en ausencia.
Y, pese a las presiones del entorno nacionalista para que cumpla lo que ha sido el único leitmotiv de su campaña, la vuelta a la presidencia de la Generalitat, lo que él ha bautizado como restitución, ahora, dadas las circunstancias judiciales, le entran las dudas. «Estoy preparado para defender la institución [la Generalitat] y el mandato de las urnas; para mí, esto es lo más importante; estando en Bruselas puedo continuar defendiendo esto; desde la prisión no solo no lo podría hacer, sino que sería una pésima noticia para la democracia española», declaró ayer en una entrevista concedida a la agencia Reuters.
La estrategia de Junts per Catalunya pasa por intentar formar un frente independentista en el Gobierno catalán y, en paralelo, hacer el máximo ruido internacional con el argumento de la anomalía que, según ellos, supone que quienes son elegidos en las urnas no puedan ocupar sus cargos públicos. «Si no se me permite jurar como presidente, sería una anormalidad importante para el sistema democrático español», argumentó en la entrevista a Reuters. Es un paso más en su campaña de victimización, obviando que su futuro político es ajeno al judicial, que está exclusivamente en manos del Tribunal Supremo, no del Gobierno.
Estrategia
Y mientras deshoja la margarita, Puigdemont pretende asegurarse el respaldo de ERC y la CUP para formar un Gobierno de integración. De esta forma, se garantiza que no haya cismas en el independentismo y que pueda delegar la presidencia en una persona de su confianza, que podría ser Elsa Artadi, jefa de campaña de Junts per Catalunya, aunque ella se apresurara ayer a descartarse. El objetivo, constituir un bloque monolítico que le permita a él dirigir la política catalana desde Bruselas, eludiendo así la prisión y, al mismo tiempo, prosiguiendo con la internalización de la crisis catalana con el ánimo de que los Gobiernos europeos acaben presionando a Rajoy para que acepte un diálogo en unos términos que acaben desembocando en un referendo pactado.
Pero su estrategia de momento no ha cuajado. En ERC no parecen dispuestos a darle el cheque en blanco que reclama. La respuesta del portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà, fue contundente y muy clarificadora. En un tuit dirigido a Puigdemont, dice: «Le esperamos para que comande la Generalitat conjuntamente con el vicepresidente Junqueras. No tenga ninguna duda de que es lo que habría hecho Francesc Macià».
Y si la presión de sus socios no es suficiente, también desde Ciudadanos le advirtieron que no se puede gobernar ni desde la cárcel ni desde Bruselas. El número dos de Arrimadas en la lista, Carlos Carrizosa, reiteró que su grupo no dará ningún paso a la espera de lo que hagan los independentistas. Pero, advirtió, estarán preparados para que, en el caso de que ellos fracasen, Ciudadanos intente formar Gobierno.
Rajoy adelantará la constitución del nuevo Parlamento catalán
Los independentistas tratan de ganar tiempo mientras resuelven el problema de cómo conseguir volver a colocar a Carles Puigdemont como presidente de Cataluña. Pero tienen un problema. La constitución del Parlamento catalán, y con ello el inicio de la legislatura y que empiecen a correr los plazos para la sesión de investidura, es una llave que tiene la presidencia de la Generalitat, que ejerce, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, Mariano Rajoy. Y el jefe del Ejecutivo, según revelaron ayer fuentes de la Moncloa, no tiene intención de agotar el tiempo que le concede la ley.
La legislación establece que el presidente de la Generalitat dispone de veinte días hábiles desde las elecciones para convocar el pleno de constitución del Parlamento catalán. La fecha tope sería entonces el 23 de enero. Pero la intención de Rajoy es que la legislatura eche a andar en dos semanas después de Reyes, es decir antes del 20 de enero. De esta forma, se estrecha el margen que tiene Puigdemont para resolver su futuro.
