PP y PSOE ven intereses de partido tras la reforma electoral de Podemos y C's

El PP y el PSOE se defendieron ayer como gatos panza arriba frente a la entente ocasional formada por Podemos y Ciudadanos para intentar cambiar el actual modelo electoral, favorable a las dos primeras fuerzas y, particularmente, a la que preside Mariano Rajoy. Ni el Gobierno ni la dirección de los socialistas rebatieron, en realidad, las bondades de una fórmula que permita que todos los partidos tengan una representación parlamentaria más proporcional a su porcentaje de voto efectivo en los comicios -algo que sí hizo el jueves, en cambio, la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal-; más bien descalificaron que los dos partidos pongan ahora ese debate encima de la mesa porque, adujeron, no tiene interés más que para ellos mismos.

La más ácida en sus reproches fue la secretaria de Igualdad del PSOE, la exministra Carmen Calvo. «Nos gustaría hablar con Podemos y Ciudadanos del sistema de pensiones, pero ellos quieren hablar del reparto de sillones; es curioso que solo sean capaces de ponerse de acuerdo en eso, ¡nueva política!», dijo con tono irónico. Un día después de que la vicesecretaria general de su formación, Adriana Lastra, dejara claro que en ningún caso avalarán un consenso en el que no entre también el PP, la dirigente socialista argumentó que hay otras muchas cosas de las que hablar antes que de cómo se reparten los escaños.

El portavoz del Gobierno, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, también argumentó que tras la iniciativa de los dos partidos más jóvenes del Congreso subyacen «intereses particulares más que generales» y, como Calvo, afeó que Albert Rivera e Iglesias se hayan sentado hablar de este asunto y no de otras cuestiones relevantes. «Esos dos también pueden hablar sobre la situación en Cataluña y sobre la posibilidad de presentar un candidato a la investidura», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Propuesta antigua

En principio, las reticencias del PP parecen más lógicas que las de los socialistas porque sería el principal perjudicado del cambio. En las elecciones de junio del 2016, los populares solo necesitaron 57.900 votos de media para conseguir un escaño, frente a los 64.045 del PSOE, los 71.655 de Podemos y los 98.174 de Ciudadanos. Y, en general, sus mayorías absolutas siempre han sido más baratas que las del PSOE.

Con la propuesta de Iglesias de sustituir la actual fórmula de reparto, la ley d’Hondt, por otra utilizada en numerosos países europeos, la Saint-Laguë, sin embargo, el PP tendría hoy 15 escaños menos; el PSOE perdería uno; Podemos ganaría seis, y Ciudadanos tendría 12 más que en la actualidad. Pero esta fórmula la puso sobre la mesa Izquierda Unida la última vez que se abrió una subcomisión para la reforma de la ley electoral en el Congreso, en la legislatura 2008-2011, y las dos fuerzas mayoritarias la despreciaron con parecido ímpetu. Paradójicamente, sí cambiaron la ley para obligar a los residentes en el exterior a rogar el voto y ahora ambos reconocen que fue una pésima idea.

El caso es que el PSOE llevaba en su programa electoral «mejorar la proporcionalidad» del sistema, pero ni entonces ni ahora aclara hasta dónde esta dispuesto a llegar. El PP, en cambio, jamás ha creído que sea una buena idea. Cospedal argumentó el jueves que la proporcionalidad llevaría a una excesiva fragmentación de la Cámara y que, por lo tanto, dificultaría la gobernabilidad. Y el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maíllo, esgrimió ayer en RNE que el plan de Podemos y Ciudadanos llevaría a «disminuir la representación de la España que habitualmente no tiene voz» y de la que «no se habla». Ahora mismo, el voto rural, especialmente notable en Castilla-La Mancha y Castilla y León está sobrerrepresentado. «Esta reforma les interesa políticamente porque están buscando votos y quieren conseguirlos a pesar de no lograrlos en las urnas», concluyó.

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