Los expertos advierten de su complejidad y critican la sobrerrepresentación de los territorios menos poblados
11 feb 2018 . Actualizado a las 09:34 h.El actual sistema electoral ha asegurado, hasta las dos últimas elecciones generales, la gobernabilidad, pero, según sus detractores, es injusto porque no es suficientemente proporcional. Podemos y Ciudadanos se han aliado para cambiarlo. Los expertos consultados por La Voz explican las dificultades que entraña la reforma y qué aspectos se podrían mejorar.
¿Cómo valora el sistema electoral español?
Pese a las críticas que ha recibido, los especialistas lo valoran positivamente porque ha facilitado la formación de gobiernos, la representación de las minorías y la incorporación de nuevos partidos. Así lo destaca el politólogo e investigador José Fernández-Albertos, que concluye que «tiene problemas, pero en conjunto la evaluación es positiva». Roberto L. Blanco Valdés señala que ha dado un «rendimiento institucional claramente positivo», ya que ha cumplido con el objetivo de «garantizar un equilibrio razonable entre representatividad y gobernabilidad». Para Fernando Casal, profesor e investigador de la Universidad de Nottingham, ha permitido al sistema de partidos alcanzar un alto grado de estabilidad, facilitando la estabilidad gubernamental, la alternancia y la representatividad de las minorías.
¿Habría que reformar el sistema electoral?
Sí, pero siempre que haya un amplio consenso. Aunque el analista Fran Carrillo asegura que «una reforma, a partir de otros modelos, no alteraría en demasía la composición actual del Congreso». En su opinión, el alemán, más proporcional, es complejo en su mecanismo e incluye un elemento distorsionador, y el francés, de doble vuelta, tiene sus pros y sus contras. Fernández-Albertos es partidario de la reforma, pero advierte de que no hay ninguna óptima que satisfaga a todos, ya que se piden al sistema electoral cosas que son contradictorias entre sí.
¿En qué aspectos y para lograr qué objetivos?
«Cualquier medida que se adopte debería estar dirigida a la obtención de una mayor proporcionalidad en la representación», sostiene Casal, pero al tiempo debe permitir la formación de gobiernos estables. De ahí la dificultad para acertar con la reforma. Carrillo recuerda que el sistema ya es proporcional, pero «busca primar la gobernabilidad antes que la representatividad». Considera que la reforma debería «corregir las desviaciones» que provoca la sobrerrepresentación de los territorios menos poblados.
En la misma línea se pronuncia Fernández-Albertos, que considera que esa sobrerrepresentación, unida a la distribución de preferencias de los votantes, «está causando que el partido más fuerte en las provincias sobrerrepresentadas goce sistemáticamente de un premio de representación». En su opinión, «nuestra desproporcionalidad no es excesiva, lo anómalo es cómo se produce, que es generando desigualdades excesivas en la representación de territorios». «Si adoptamos herramientas que mejoren la proporcionalidad, eliminamos el problema».
Blanco Valdés explica que el sistema es poco proporcional, pero no como consecuencia de la fórmula d´Hondt, sino por otras dos razones: 1) porque la provincia es el distrito electoral; 2) porque al asignarse una representación mínima inicial de dos diputados en cada distrito, las provincias menos pobladas están sobrerrepresentadas e infrarrepresentadas las que tienen muchos habitantes. «Ello ha favorecido tradicionalmente a los dos grandes partidos», afirma. Pero hay otro factor que ha contribuido a primarlos hasta ahora, que es la gran diferencia que ha habido entre ellos y los partidos que les seguían. Esto varió en las elecciones del 2015 y el 2016, al reducirse esa distancia. Blanco Valdés concluye que con la nueva configuración del sistema de partidos «se ha corregido mucho el efecto desproporcionador del sistema electoral», lo que, en su opinión, no quiere decir que sus efectos finales sean mejores, ya que si la correlación de fuerzas se mantuviera «el desafío no sería hacer más proporcional el sistema electoral, sino cómo garantizar la gobernabilidad, sin la cual no hay estabilidad política posible».
¿Habría que modificar la Constitución para reformar el sistema?
Blanco Valdés considera que no sería necesario, ya que la Constitución solo establece el número de escaños del Congreso, que el sistema sea proporcional, que la circunscripción electoral sea la provincia y que debe haber una representación mínima en cada una. Por tanto, sería posible adoptar cualquier medida de las que se habla sin necesidad de tocarla, como aumentar el número de diputados hasta 400 para mejorar la proporcionalidad en el reparto de restos, reducir de dos a uno la representación mínima inicial de cada provincia o cambiar la fórmula d’Hondt. Para Fernández-Albertos, la mejor forma de corregir la desproporcionalidad es que la provincia deje de ser el distrito electoral, lo que requiere reforma constitucional, que «es muy costosa». Otras reformas, como reducir el número escaños por provincia, aumentar el tamaño el Congreso o cambiar a la fórmula Sainte-Laguë podrían hacerse sin tocar la Carta Magna.
¿Sería positivo rebajar a 16 años la edad para votar?
Los expertos rechazan la propuesta de Podemos por demagógica. Blanco Valdés recuerda que en Europa, que «debe ser nuestro marco de referencia», solo se puede votar antes de los 18 años en Austria y Chipre, y en Eslovenia con ciertos límites. En su opinión, es «razonable» que coincidan la mayoría de 18 años que fija la Constitución con la de voto. Además, califica la propuesta de «extemporánea», ya que en un asunto de tanta envergadura, que supondría incorporar de golpe en el cuerpo electoral a un millón de electores, «debe plantearse desde el consenso», que está muy lejos de alcanzarse. Para Carrillo, es «una idea demagógica de aquellos que no quieren ciudadanos libres sino masa de votantes cautivos, cuanta más mejor».