La Audiencia Nacional investiga los vínculos del CNI con el informático de la trama Púnica
ESPAÑA
El juez ha decidido pedir al CNI que confirme si De Pedro visitó la sede de los servicios secretos en Madrid en los años 2013 y 2014
19 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.¿Pagó el CNI servicios de reputación on-line a Alejandro de Pedro, el informático imputado en la trama Púnica por hacer esos mismos trabajos para dirigentes del PP pagados con fondos públicos? El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no solo no rechaza esa hipótesis, sino que, tras muchas peticiones del propio De Pedro, ha accedido a reclamar a los servicios secretos información sobre los supuestos trabajos pagados por el centro de inteligencia.
Las sospechas del juez sobre que quizás De Pedro diga la verdad y que parte de los 82.250 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en su casa de Valencia en octubre del 2014 provengan del CNI se vieron reforzadas el pasado lunes. Ese día, el principal imputado de la red Púnica, Francisco Granados, confesó ante García Castellón que, efectivamente, recibió a De Pedro en su despacho para que este le vendiera sus servicios de reputación on-line.
Granados explicó que antes de derivarlo a otros responsables de la Comunidad de Madrid por su «desconocimiento de las nuevas tecnologías», el informático le reveló que ya estaba realizando este trabajo para el CNI y la Casa Real, además de otras Administraciones gobernadas por el PP en Valencia y en ayuntamientos madrileños.
Tras esta confesión, el juez ha decidido pedir al CNI que confirme si De Pedro visitó la sede de los servicios secretos en Madrid en los años 2013 y 2014; que explique qué tipo de trabajos habían realizado De Pedro y su empresa, Eico Online Comunicación SL, para el centro de inteligencia bajo su «supervisión»; y que la institución informe de las «cantidades económicas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó al presunto integrante de la trama y a su mercantil».
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La defensa del informático llevaba varios meses reclamando sin éxito a la Audiencia Nacional que abriera esta línea de investigación para intentar probar no solo que el dinero que le fue incautado procedía del CNI, sino también que su trabajo para mejorar la reputación de personas e instituciones en Internet era legal y valorado por algunas altas instituciones del Estado.
De Pedro, que sostiene que para el CNI hizo trabajos en defensa de la imagen de España y contra la narrativa de independentistas catalanes o de yihadistas, ya había pedido que el juez incorporara a la causa 25 mensajes de texto y 12 llamadas telefónicas que, defiende, intercambió con responsables del CNI.
El organismo recibió a mediados de la pasada semana el requerimiento firmado por el juez de la Audiencia Nacional y lo ha remitido a sus abogados para saber hasta qué punto tienen obligación de contestar sobre una información tan sensible y qué parte de ella se puede acoger a la ley de secretos oficiales.