El Supremo afea al tribunal alemán que iguale la rebelión a una protesta ecologista
ESPAÑA
Argumenta que la violencia no fue de una muchedumbre, sino del Gobierno catalán
18 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Inédita bronca del Tribunal Supremo a la Justicia alemana por denegar la entrega de Carles Puigdemont. El alto tribunal aprovecha un auto que nada tenía que ver con la polémica de la extradición fallida para mostrar su enfado por la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, al que, básicamente, acusa de frivolizar con una cuestión tan seria como un delito de rebelión al compararlo con una revuelta ecologista de 1981 en contra de la ampliación del aeropuerto de Fráncfort. Son 37 páginas llenas de indisimulados reproches en las que, además, el Supremo da un espaldarazo a la investigación de Pablo Llarena, al ratificar que existen indicios suficientes para juzgar por rebelión a los dirigentes del procés.
El duro auto de la Sala de Apelaciones lleva la firma de los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro. En realidad, los jueces debían solo contestar (para desestimar) el recurso planteado por el exlíder de ANC Jordi Sànchez contra la decisión del juez Pablo Llarena de no dejarle participar en el pleno de su investidura. Pero la sala aprovecha la oportunidad para desahogarse. «Si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un land de Alemania con el mismo resultado, no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica, como se dice en la resolución del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein», afea el Supremo a sus colegas germanos.
Pero, sin duda, lo que más ha dolido al alto tribunal es la comparación del procés con la protesta de Fráncfort. «En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo», recuerdan a los jueces germanos. «Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referendo inconstitucional, oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales», recoge el auto.
El Supremo entra de lleno en la defensa del delito de rebelión y de que existió violencia. Según los jueces, «en este caso parece que, cuando menos indiciariamente, se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la nación», pero de una forma particular. El procés, explican, no fue «rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder», sino de «sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una autonomía».
Pudo haber una masacre
El Supremo hace hincapié en que la estrategia del Gobierno de Puigdemont sí que desembocó en violencia el 1-O. Una violencia «totalmente previsible e inevitable» (más de cien altercados) que se produjo cuando «los protagonistas del procés indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente» cuando sabían que el Gobierno había desplegado en Cataluña a unos 6.000 agentes para evitar la votación.
El auto recuerda que los policías y guardias civiles resultaron «ostensiblemente superados por los dos millones de votantes», y prueba de ello es que la consulta acabó realizándose. «Si hubiera intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo hubiera acabado en una masacre y entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden (denegada por Alemania) fuera muy distinto», apuntan los magistrados.
A pesar de la defensa de que hubo violencia, el Supremo deja abierta la puerta a que los hechos puedan ser catalogados de sedición (alzamiento tumultuario sin violencia) para conseguir la entrega de Puigdemont, aunque insiste en que ve más claro el delito de rebelión.
Los exconsejeros presos cambian de estrategia y se enfrentan al juez
Cambio de estrategia en buena parte de los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont. Del acatamiento inicial a la Constitución y al 155 de las primeras comparecencias para evitar su imputación o encarcelamiento al enfrentamiento abierto con el juez Pablo Llarena después de que este haya firmado su procesamiento por rebelión y malversación. Los exconsejeros Josep Rull (Territorio) y Raül Romeva (Exteriores) acusaron este martes a Llarena poco menos que de prevaricar por saltarse, a su entender, la separación de poderes. Lo hicieron ante el juez del Supremo durante los interrogatorios para comunicarles los cargos por los que se sentarán en el banquillo.
En línea con las declaraciones del lunes del exvicepresidente Oriol Junqueras, del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Rull denunció en el Supremo la supuesta persecución a los independentistas. «No estaríamos aquí juzgados si no hubiéramos ganado las elecciones», señaló. «El Tribunal Supremo no actúa independientemente, sino movido por presiones políticas», llegó a decir Rull, quien anticipó que habrá condena a todos los imputados. «El juicio oral será un mero trámite», afirmó antes de mirar directamente a Llarena y acusarle de actuar al dictado del Ministerio de Justicia.
Romeva también estuvo altivo. Negó cualquier legitimidad al Supremo para juzgarle y acusó a la Justicia de intentar «criminalizar al independentismo». El exconsejero de Exteriores trató de exculparse sosteniendo ante el juez que la Generalitat nunca usurpó las funciones diplomáticas del Gobierno central ni mantuvo relaciones consulares con otros países. Como Rull, Romeva sostuvo que este proceso es político y que se están «persiguiendo las ideas». «Este procedimiento no es jurídico, sino político, y vulnera derechos fundamentales», afirmó.
Forn abandona
El exconsejero de Interior Joaquim Forn fue el único que se mantuvo en su estrategia de no confrontación. Aseguró que en ningún momento promovió la violencia durante el procés. El que fue máximo responsable político de los Mossos pidió a Llarena su excarcelación para poder preparar su defensa en este proceso, al tiempo que destacó que tiene intención de abandonar la política, incluida la municipal. El exconsejero también recalcó su voluntad de acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Hoy pasarán por el Supremo para que se les comuniquen los cargos Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo) y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
