Con frecuencia, el discurso judicial ha de remar a contracorriente, porque es el discurso de las garantías del proceso debido. La publicación de noticias, opiniones e hipótesis pueden hacer aparecer como culpables ante la sociedad a personas que solo están o han sido investigadas, y que tienen a su favor el derecho a la presunción de inocencia. Solo desde la autocontención puede hablarse de límites. El límite último es el Código Penal, pero este es la última trinchera, nunca la primera. Y acabamos de asistir a un lamentable episodio a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en el conocido como caso de la Manada. Una sentencia que he calificado de mala, pero que ha visto sobrepasado dicho calificativo por las peores de las reacciones una vez fue hecha pública.
Ninguna autocontención ha demostrado así el responsable de la materia judicial en el Gobierno. Un ministro de Justicia no puede interferir de la manera que se ha hecho, excediéndose absolutamente de su ámbito competencial, al insinuar ante la opinión pública que se dispone de algún dato sobre la capacidad de uno de los magistrados que conformaron aquel tribunal. Porque no se trata solo de una interferencia en el discurso judicial ya pronunciado, sino, además, de una injerencia que devalúa hasta límites intolerables la confianza que los ciudadanos requieren hacia el poder judicial.
No voy a pedir su dimisión porque ya lo han hecho las asociaciones profesionales. Pero sí le pido con la única fuerza de mi palabra que reflexione para quizá emitir, con la misma publicidad, una disculpa con el magistrado afectado.