Zaplana aceleró la repatriación de dinero porque ya no se fiaba de sus testaferros

Dicen los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que a Eduardo Zaplana le corroía una obsesión: hacer retornar a España a toda costa la fortuna que durante años había amasado en Panamá y Uruguay. Que ya no se fiaba demasiado del enjambre de testaferros y empresas interpuestas que durante años ocultaron su dinero, procedente de las comisiones de cuando fue presidente de la Generalitat valenciana. Ante tanto temor se precipitó y empezó las «operaciones de riesgo» que al final lo destaparon.

Según la UCO, el nudo gordiano del entramado tejido por el exministro de José María Aznar era un matrimonio íntimo amigo, al que Zaplana había convertido en testaferros de su fortuna, hasta el punto de que, sobre el papel, ambos cónyuges eran propietarios de un emporio y el exministro y expresidente valenciano no tenía nada a su nombre. El pasado martes, ellos, Joaquín Barceló Llorens y Felisa López González, fueron los primeros detenidos en el marco de la operación Erial. Compañeros de la infancia de Zaplana en Benidorm, el expresidente había aupado a Barceló a diversos cargos hasta llegar a la Dirección General de la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico y, luego, lo refugió como alto cargo en el parque Terra Mítica.

Para entonces, Zaplana ya no era presidente (se fue a Madrid como ministro de Trabajo), pero dejó en manos del matrimonio su fortuna. Barceló y López montaron un enjambre de sociedades inmobiliarias a su nombre, con los fondos que Zaplana hacía llegar desde Panamá y Uruguay a través de sociedades interpuestas y despachos de Londres, Andorra y Luxemburgo. Los más de diez millones de euros que la UCO asegura que se embolsó por la privatización de las ITV y la adjudicación irregular de los parques eólicos acabaron en ese negocio. Aunque no solo.

El entramado y, sobre todo, los planes para ir reintroduciendo ese dinero negro en el circuito legal español quedaron plasmados en un documento manuscrito de cuatro hojas que Zaplana olvidó empotrado en un falso techo de una vivienda que vendió a un imán sirio. Fuentes de la UCO sostienen que este entregó el papel a Marco Benavent, el Yonqui del Dinero, involucrado en el caso Taula, sobre la financiación irregular del PP de la ciudad. Benavent dio ese papel a la Guardia Civil como muestra de su arrepentimiento a finales del 2015.

El documento confirmaba la existencia de la trama, a la que empezó a perseguir la Guardia Civil, pero fue en marzo cuando los movimientos de Zaplana lo descubrieron. Para intentar traer a España parte de su patrimonio, compró junto a su mujer, Rosa Barceló, un piso de 270 metros cuadrados en la calle Monte Esquinza de Madrid, cerca de la sede nacional del PP, y valorado en más de dos millones de euros.

Sin hipoteca

Zaplana confió en que la venta de otro inmueble en el paseo de la Castellana disipara todo recelo ante el hecho de que el matrimonio no había pedido hipoteca. Pero la UCO ya estaba detrás de ese «audaz movimiento» para blanquear parte de su fortuna opaca.

Ayer, los agentes llevaron al exministro a Madrid a registrar su despacho en la sede de Telefónica. Casi al mismo tiempo, su mujer declaraba como imputada en Valencia. Hoy será el turno, entre otros, del exdirector general de la Policía en la época de Aznar, Juan Cotino, tío de dos detenidos cuya empresa supuestamente pagó las comisiones por las adjudicaciones irregulares.

C's cree que el PP busca contaminarlo

El PP ha puesto de por medio toda la tierra que ha podido con Eduardo Zaplana tras su detención, porque «pertenece al pasado». El de José María Aznar. En horas, la dirección nacional lo suspendió de militancia y trató de vincularlo a Albert Rivera. Rajoy fue más prudente y señaló que no se atrevía a «emitir juicios» «sin tener datos ni pruebas ni argumentos ni razones». A C's le hizo gracia que el PP se quiera «quitar de encima» a su exdirigente y relacionarlo con el partido de Albert Rivera. «Es cuando menos gracioso», recalcó el secretario general, José Manuel Villegas. En la cúpula naranja creen que todo forma parte de una estrategia del PP por contaminar su marca.

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