Además de su paso por el Congreso y por el Senado, otro de los requisitos con los que tiene que cumplir el Gobierno antes de aprobar los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria es el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) . Tal y como estaba previsto, ayer salvó este escollo sin grandes dificultades, gracias al voto favorable del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
El Ejecutivo presentó exactamente el mismo margen de déficit y de deuda que el pasado julio, es decir, aumentando dos décimas el déficit público para el 2019, del 0,1 % actual al 0,3 %, y estableciendo como objetivos el 0,1 % para el año 2020 y el déficit cero para el siguiente curso. En cuanto a los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades, la propuesta para los próximos tres años es la siguiente: el 23,7 % para el 2019, un 23 % para el 2020 y del 22,2 % para el ejercicio del 2021.
El resultado final fue el mismo que el pasado julio: aprobado. A favor se pronunciaron las siete comunidades gobernadas por los socialistas, Cantabria (independiente, pero cercana a Ferraz) y la representante de la Administración central, la ministra María Jesús Montero. En contra se posicionaron, una vez más, los territorios gobernados por el PP. Entre ellos Galicia. Como había anunciado el día anterior, la Generalitat catalana no participó en la reunión.
«Máis débeda para os galegos»
Desde Facenda justifican el sentido de su voto de la misma manera que hace un mes: «Implica máis débeda para os galegos», apuntan desde la consellería. En su opinión, la propuesta del Gobierno central supone en la práctica un premio a las comunidades que no han cumplido, y en cambio perjudica a los territorios que sí se han ajustado a las reglas de financiación, entre las que se encuentra Galicia. Además, desde San Caetano aprovechan para exigir al Gobierno que asuma el compromiso adquirido por la ministra de Hacienda en un encuentro que mantuvo en Madrid hace dos semanas con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en el que María Jesús Montero se comprometió a solucionar el problema derivado del cambio en período de cálculo de la liquidación del IVA y que supondría 200 millones menos para Galicia.
El visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera es un requisito imprescindible y el punto de partida para que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas comiencen a dibujar sus Presupuestos para el próximo año. No obstante, las cifras aprobadas ayer se mantienen a la espera de que las apruebe el Consejo de Ministros (previsiblemente en su reunión de mañana). Aun así seguirán siendo papel mojado hasta que sean aprobadas por el Congreso y por el Senado. Y si Pedro Sánchez ya tiene dificultades para sacarla adelante en la Cámara Baja, la mayoría absoluta de la que disfruta el PP en la Alta se antoja infranqueable.
La reunión de ayer se celebró de forma telemática. Los representantes de todas las comunidades repitieron el mismo voto que en julio, salvo el de la Comunidad Valenciana (PSOE), que pasó de la abstención al sí a cambio de 850 millones de euros adicionales.