El independentismo ha fracturado la sociedad, herido la economía, sacudido la política e intentado arrollar al Poder Judicial y la Corona. Torra amenaza con otro 1-O
01 oct 2018 . Actualizado a las 11:42 h.Los independentistas catalanes no han podido ni con el Estado de derecho ni con la democracia. Y eso que han dedicado todo su empeño a conseguirlo a cualquier precio durante el último año, con leyes anticonstitucionales, con un referendo ilegal e intentando arrasar los pilares en los que se sustenta la convivencia de los españoles. Es el «annus horribilis» de Cataluña, a la que ningún país del mundo ha reconocido como la pretendida «república catalana».
Desde Europa, a los independentistas solo les han llegado tirones de orejas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, les recordó que la ley «debe ser respetada por todos»; el de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que la «fuerza del derecho» es la base fundamental de la UE; y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que «a nadie se le ocurre en la UE saltarse las normas» porque «mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación». Estas son las principales consecuencias del horrible año causado por el independentismo.
Fractura social
El ruido y los silenciados. La sociedad catalana se ha polarizado de tal manera que muchas familias y grupos de amigos han decidido no hablar del desafío independentista para evitar confrontaciones, o incluso se han dejado de tratar. Los independentistas son menos, pero hacen más ruido. Los silenciados hicieron una demostración de que existen en una manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana, a la que asistieron 950.000 personas, según la entidad. La brecha social es negada por el secesionismo.
Economía
Fuga de empresas, capital y turismo. Desde octubre del 2017 cerca de 5.300 sociedades abandonaron Cataluña. La inseguridad jurídica también provocó una huida de capital de la comunidad. La Generalitat reconoció una disminución del 17,3 % de los depósitos. En cuanto al turismo, varios países, entre ellos Alemania, advirtieron a sus nacionales de los peligros de viajar a una zona convulsa como Cataluña. El invierno pasado, las abundantes bajas en las reservas hoteleras tuvieron su continuidad durante el verano, cuando el turismo nacional dio la espalda a los principales destinos de sol y playa catalanes. Un informe de la Generalitat señala que el turismo español se ha desplomado un 11,3 % respecto a 2017. Los efectos los ha padecido principalmente Tarragona, que ha visto cómo su cliente estrella, las familias aragonesas y navarras, se han decantado este año por otros destinos como Alicante y Castellón.
Terremoto en la política
Cambio de primeras espadas. Los líderes del desafío independentista han dejado de estar en la primera línea de mando. Unos, como Carles Puigdemont y algunos exconsejeros, por haber huido a otros países. Otros, como Oriol Junqueras, exconsejeros, la presidenta del Parlamento catalán (Carme Forcadell) y directivos de ANC y Òmnium, por estar en prisión preventiva. Y otros, como Xavier Domènech, enlace entre los comunes y Podemos, porque se los han engullido las pugnas por tirar o arrimarse a la cuerda independentista. La coalición CatComú-Podem se quedó el 21-D con 8 diputados de los 11 que tenía en el 2015. Al baile a dos aguas de Ada Colau y Pablo Iglesias le salieron sirenas con cantos como el de Pablo Echenique, llamando fachas a los manifestantes constitucionalistas; Alberto Garzón, entonando que «cuando el derecho de autodeterminación lo exigen las partes más ricas hay que sospechar»; y Carolina Bescansa, recitando que Podemos es un partido «español» y «estatal». El PSC, que bailó desde la defensa del derecho de autodeterminación de Pere Navarro hasta la concurrencia de Miquel Iceta a la masiva manifestación de «los silenciados», pasó de 16 a 17 escaños. El PP sufrió un descalabro electoral al pasar de 11 diputados a 4. Fue el precio por la gestión del 1-O y la aplicación del 155. C’s se sumó a la aplicación de esa medida, pero sacó más beneficio. Ganó las elecciones con 36 diputados (tenía 25).
Parálisis en instituciones
Parlamento y Generalitat. Cinco meses necesitaron ERC y Junts per Catalunya para investir como presidente a Quim Torra, que sumados a los cuatro que lleva en la Generalitat, son nueve meses con una Administración paralizada. Su única acción es la movilización de independentistas para que no desfallezcan ni aumente su frustración Entretanto, invierte en sanidad un 27,5 % menos que antes de la crisis y desoye manifestaciones de bomberos y mossos que protestan por sus condiciones laborales. Después de saltarse el reglamento del Parlamento, el Estatuto y la Constitución, también la Cámara autonómica está paralizada. Tiene pendiente sustituir a los seis diputados procesados por el juez Llarena y sin los que perderían todas las votaciones. No hay plenos desde julio.
Fracasó el plan para romper el Estado
La estrategia del independentismo burgués y anarquista convertidos en ácratas también fracasó en su intento de tumbar toda autoridad que no fuese la suya.
Seísmo en la Moncloa
Moción de censura. El desafío secesionista puso patas para arriba al Ejecutivo de Rajoy. Pedro Sánchez buscó, además de la alianza de Podemos, la de los separatistas catalanes y vascos, para expulsar de la Moncloa a Rajoy, aprovechándose de los fracasos de su vicepresidenta Sáenz de Santamaría, responsable del CNI y del diálogo con Cataluña.
Poder judicial
Jueces cuestionados. Otra de las tramas independentistas fue cuestionar la labor de los jueces para diseminar por Europa que España no es una democracia, que no respeta derechos y que los procesados no tendrán un juicio justo. The Economist desmontó la barbaridad. La revista británica sitúa a España en el decimonoveno lugar, por delante de Bélgica.
Jefatura del estado
Ruptura. Felipe VI acusó a Puigdemont en su discurso del 3 de octubre del 2017 de «deslealtad inadmisible a los poderes del Estado» y de situarse al margen de la democracia. Quim Torra anunció su ruptura con el rey para desacreditar a la monarquía frente a la república.
