La Audiencia investiga si Interior pagó al chófer de Bárcenas con fondos reservados para recuperar información comprometedora del PP
ESPAÑA
El ministerio, que entonces dirigía Jorge Fernández, podría haber pagado a través de Villarejo al conductor para que recuperara grabaciones y documentos que comprometían a Arenas, Cospedal y Santamaría
08 nov 2018 . Actualizado a las 15:12 h.La Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza separada dentro del conocido «caso Villarejo» para investigar unos pagos realizados al chófer de Luis Bárcenas con el objetivo de que recuperase documentos y grabaciones comprometedoras para el PP.
Según recoge Europa Press, el Ministerio del Interior, que en aquel momento dirigía el popular Jorge Fernández Díaz, podría haber utilizado fondos reservados para financiar los pagos al conductor del extesorero del PP a cambio de conseguir papeles que podrían manchar la imagen del partido y con los que Bárcenas podría presionar y chantajear a Mariano Rajoy.
El juez de la Audiencia Nacional ordenó la apertura de una pieza separada tras analizar un atestado que le remitió el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre un supuesto operativo que habrían dirigido Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño con el que pretendían recuperar la información que Bárcenas se habría llevado de la sede del PP tras su despido, tal y como había adelantado Ok Diario. El propio Villarejo era el encargado de pagar en mano al chófer de Bárcenas con el dinero de los fondos reservados que le facilitaban sus superiores.
El juez dio traslado de los hallazgos a la Fiscalía Anticorrupción, que informó favorablemente la apertura de esta pieza separada, el primer paso para iniciar una instrucción. El juez ya ha solicitado más información a Asuntos Internos, con el fin de estudiar si los posibles delitos hubieran prescrito. Al parecer, existe constancia de los mismos a través de varias conversaciones grabadas.
Según Ok Diario, los documentos y grabaciones que habrían requerido desde Interior perjudicaban a Javier Arenas, vicesecretario general del PP; a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Los conocidos como fondos reservados, aprobados en los presupuestos generales del Estado, están pensados para combatir el crimen organizado y el terrorismo.