El proyecto de reforma de la Constitución solo afectaría a diputados, senadores y ministros
01 dic 2018 . Actualizado a las 09:27 h.El Gobierno se muestra decidido a limitar los aforamientos. Pero, ¿qué son los aforamientos? Se trata de una figura jurídica que da una protección especial a determinadas personas, que debido a su profesión o cargo no pueden ser juzgadas por tribunales ordinarios, como le correspondería a cualquier ciudadano, sino que sus causas deberán ser elevadas a tribunales superiores. Se calcula que en España hay alrededor de 17.500 aforados entre miembros del poder judicial, diputados estatales y autonómicos, senadores, familia real o miembros del Gobierno. Si tenemos en cuenta a los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que disponen de un aforamiento parcial, el número de aforados se dispara hasta los 280.000.
Esta cifra de aforados en España respecto a otros países del entorno es exageradamente abultada, ya que esta figura no existe ni en Alemania ni en el Reino Unido, mientras que en Italia se reserva exclusivamente para el presidente de la república; y en Francia, para el presidente, el primer ministro y los demás miembros del equipo de Gobierno. Bien es cierto que el sistema jurídico de cada país cuenta con sus peculiaridades.
Intento de armonizar
Este intento de reforma impulsado por el Gobierno español solo va dirigido a los diputados nacionales, senadores y miembros del Ejecutivo, y exclusivamente afectaría a la esfera privada, ya que pretende la modificación de los artículos 73 y 102 de la Constitución. Los fueros de los integrantes de la carrera judicial están recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que los de los diputados autonómicos emanan de los Estatutos de cada comunidad autónoma. Como hizo ver ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este anteproyecto tiene un alcance «cuantitativamente pequeño», admitiendo que desde el Ejecutivo no pueden inmiscuirse en la legislación autonómica, pero pretende dar ejemplo a los territorios y que en adelante se produzca una armonización. La realidad es que algunas comunidades autónomas como Navarra y Canarias han ido por delante en este aspecto y sus representantes políticos ya no están tan protegidos.
