En el 2018, 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, la cifra más baja en los últimos 15 años, pero no mucho menor que en períodos precedentes
02 ene 2019 . Actualizado a las 08:01 h.María José, María , Yolanda, Nuria, Manuela o Fátima son algunas de las 47 mujeres a las que el año pasado sus parejas o exparejas impidieron seguir soñando con una vida tranquila. Les arrebataron sus vidas. María, Yolanda, Fátima... forman parte de una tabla. Ahora son números escritos con tinta negra en despachos que elaboran estadísticas. Pero antes fueron personas con sonrisa blanca y horizonte azul. Algunas, incluso madres, a las que privaron de ver crecer a sus hijos. Un total de 39 menores de edad se quedaron huérfanos por las acciones brutales de sus progenitores durante el año que acaba de terminar, las mismas que dejaron a estos pequeños sin abrazos maternales.
Aunque la cifra de asesinadas por violencia machista durante el 2018 es la más baja de los últimos 15 años, la lucha social no surte todo el efecto que sería de desear, pues el año anterior habían sido 51 las muertas por violencia machista. En los últimos tres quinquenios, además del año pasado, solo en el 2016 la cifra no excedió de las 50 víctimas. En los últimos cinco años, aunque sobrepasó esa cantidad lo hizo por poco.
La violencia machista no entiende de comunidades, de nivel económico ni de edades. Afecta a todas las regiones, a todas las capas sociales y jóvenes y octogenarias. Ahora bien, los grupos de edad en los que se contabilizan más mujeres víctimas mortales son aquellos que van de los 31 a 40 años y de los 41 a 50 años, con 12 y 17 asesinadas, respectivamente. Es decir, el 61 % de las víctimas están comprendidas en esas edades, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
En cuanto a los agresores, el 53,2 % tenían entre 41 y 60 años en el momento de cometer su delito.
De los 47 agresores, solo 14 habían sido denunciados previamente por sus parejas o bien por otras personas próximas, pero esa medida no logró evitar sus asesinatos. Para nueve de las once que solicitaron medidas de protección, fueron adoptadas, y de ellas, en cinco de los casos estaban vigentes el año pasado, con lo que los presuntos asesinos quebrantaron la orden de alejamiento que tenían sobre la víctima. En tres de los casos no se solicitaron medidas de protección y en los dos restantes habían sido denegadas.
Convivir con el agresor
Los datos oficiales también permiten concluir que en la mayoría de las agresiones la pareja compartía domicilio en ese momento. De las 47 mujeres asesinadas el año pasado, 28 convivían con su agresor, 16 lo hacía en otro hogar, mientras que del resto no se tienen datos.
Lo que parecía un gran hito en su momento, el gran acuerdo entre los partidos políticos para combatir la violencia machista que salió adelante de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy en septiembre del 2017, se quedó en poco más que una piedra. Ahora bien, aunque no estaba dotado de fondos, esa piedra sirvió de cimiento para que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobase un año después, además de los 200 millones contemplados en los Presupuestos del Estado, un reparto de los 100 primeros millones para las comunidades autónomas, para mejorar los servicios sociales, la inserción sociolaboral de las víctimas, campañas de sensibilización y prevención, los protocolos de colaboración y el apoyo a los menores hijos de las víctimas. Y otros 20 millones a repartir entre los municipios, con la promesa de que este año esa cantidad se duplique.
La otra pata importante de la violencia machista son los menores de edad, pues aunque no sean el objeto directo de la agresión, sí viven y perciben esa violencia en muchos casos. Según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, al menos 230 menores de edad se quedaron huérfanos desde el 2013, con las consiguientes secuelas emocionales, afectivas, y conductales.
En el 2017, fueron 51 las mujeres asesinadas y 26 los menores huérfanos. El año anterior terminó con 49 víctimas mortales y 29 menores huérfanos.
Del quinquenio 2013-2018, el 2015 fue el año con mayor número de asesinadas (60) y también de huérfanos (51). En el 2014, a 55 mujeres les quitaron la vida sus parejas o exparejas y dejaron a 43 menores huérfanos; y en el 2013 se contabilizaron 54 víctimas mortales y 42 huérfanos.
Además de las medidas legislativas y educativas sobre la violencia hacia la mujer puestas en marcha, también los tribunales han adoptado decisiones encaminadas a una mayor protección de los menores. Así, el Tribunal Supremo ha establecido como agravante en violencia machista que un menor perciba la agresión. Es decir, un agresor por violencia machista podrá ser condenado con el agravante de actuar «en presencia de menores» aunque los niños no hayan visto el delito. Así lo ha establecido el alto tribunal en una sentencia en la que recuerda que en muchos casos los menores no se encuentran en la habitación en la que sus padres ejercen la violencia, «pero escuchan y son plenamente conscientes de lo que está sucediendo, percatándose tanto de las expresiones verbales que contienen un componente agresivo o violento, como del ruido que es propio de un golpe o de otra agresión».
Mejorar la pensión de orfandad para los menores y eximirla de impuestos, un deber pendiente
La pensión de orfandad para los menores huérfanos por violencia machista es otro de los problemas derivados de la violencia machista. Recientemente, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de mejora de la pensión de orfandad para los hijos e hijas víctimas de esta brutalidad, una propuesta que presentó el PSOE en la Cámara Baja en marzo del 2017. Recibió luz verde y ahora se encuentra en su fase de tramitación en el Senado.
Esta norma persigue el objetivo de reconocer el derecho de todos los huérfanos de la violencia machista a cobrar una pensión de orfandad por encima de los 600 euros, aunque sus madres no hayan cotizado a la Seguridad Social. La realidad es que reciben una pensión que apenas supera los 200 euros mensuales en el mejor de los casos, según han denunciado desde el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, gestionado por la Fundación Mujeres y fundado por Joaquín Tagar, el viudo de la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla Prieto.
En declaraciones a Europa Press, Tagar explica que «la mayoría» no cobran «nada» y los que cobran «algo» es la pensión no contributiva, de 140 a 190 euros. A falta de que se apruebe, Tagar avisa de que la percepción de ese dinero puede traer un «problema» a las familias que acogen a los huérfanos. «Imagínate: si te quedas con dos hijos, cobrarás 1.200 euros que tienes que incluir en la declaración de la renta», apunta, reclamando que estos ingresos estén exentos de tributación. En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que insiste en que al ser una pensión de orfandad está dirigida al menor y debe ser «independiente» de la renta de la familia, por lo que «debería estar exenta de impuestos».