Calvo ve deslealtad en las críticas de Casado y desinformación en las de Page

Ante el furibundo rechazo de la oposición y de buena parte de los barones socialistas que se pronunciaron en contra de que el Gobierno aceptara la exigencia de los secesionistas de incorporar un relator independiente a la mesa de debate que busca una salida al laberinto catalán, el Ejecutivo se esforzó este miércoles en tratar de aclarar y detallar en qué consiste esta figura. «Es un relator, no un observador internacional», puntualizó la número dos del Ejecutivo durante su comparecencia convocada de urgencia.

Calvo se esmeró en transmitir un mensaje de tranquilidad negando que el visto bueno del Gobierno para incorporar una nueva silla a la mesa esté relacionado con la reciente amenaza de las formaciones independentistas de tumbar los Presupuestos. «Es una cuestión meramente práctica», trató de aclarar la vicepresidenta, haciendo especial hincapié en que su función no será otra que la de «ayudar» a moderar las conversaciones y a «tomar nota» de lo que se discuta o lo que se negocie en dichos encuentros. ¿Pero cómo se explica que el visto bueno de Sánchez coincida con el órdago de ERC y del PDECat de presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas que se votará el próximo miércoles en el Congreso? «Pues no lo sé», se limitó a contestar ante las preguntas de la prensa. 

Solo en la mesa de partidos

Una de las pocas incógnitas que sí logró despejar la vicepresidenta fue la de que el regulador solo participará en la mesa de diálogo entre partidos abierta en Cataluña, boicoteada por Ciudadanos, el PP y la CUP, por lo que solo asisten el PSC, las dos grandes fuerzas del secesionismo y la marca bajo la que se integra Podemos en dicha comunidad. Calvo se esforzó en intentar aclarar la diferencia entre las dos mesas de diálogo sobre Cataluña. Una, la comisión bilateral integrada por los Gobiernos central y catalán, en la que, dijo, no hay espacio para ningún relator. Una figura que reservó para la otra mesa de diálogo, la de los partidos, un «ámbito menos riguroso e institucional». No obstante, a pesar de este intento por desmarcarse de la mesa entre partidos, Calvo admitió que la Moncloa trabaja para intentar dar con el perfil más adecuado para asumir este rol de notario de lo tratado en esas reuniones.

En las quinielas para ocupar esa plaza suenan muchos nombres, como el del lendakari Iñigo Urkullu o incluso el del exdiputado de los comunes Xavier Domènech, quien recientemente oficializó su retirada de la política tras haber completado el camino de ida y vuelta de Barcelona a Madrid. La representante del Ejecutivo no soltó prenda más allá de mostrar su preferencia por que se eligiese a alguien que «entienda bien Cataluña» y aclarar que no recibirá ningún tipo de remuneración económica por realizar este trabajo. 

Ataques contra la oposición

En su intento de despejar esa imagen de debilidad y de sometimiento que el Gobierno español está ofreciendo ante la cada vez más asfixiante presión de los independentistas catalanes, de los que depende el éxito o el fracaso de los Presupuestos, Calvo no dudó en mostrar su sorpresa ante semejante revuelo al entender que no se trata ni de «una noticia», y culpó al PP y a Ciudadanos de estar rociando con gasolina el fuego. Fue especialmente dura con el líder popular, Pablo Casado, al que tildó de «desleal» y de haber abrazado una «postura de radicalidad y de desbarre» muy lejana a la oposición de Estado profesada en su día por Sánchez.

Pero las críticas no llegaron solo desde la derecha, ya que un importante número de barones socialistas también alzaron la voz, temerosos de que el empeño de Sánchez para lograr el sí de los secesionistas a los Presupuestos les pase factura en los comicios autonómicos y municipales, ya a la vuelta de la esquina. Uno de estos críticos fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que la vicepresidenta acusó de hablar «desde la desinformación» y desde «el desconocimiento».

Un término pactado entre la Moncloa y la Generalitat por su ambigüedad

Relator. Es la palabra de moda en la política española. No es ninguna casualidad lo ambiguo del término acordado entre el Gobierno central y el Gobierno catalán para referirse a la figura independiente que se incorporará a la mesa de debate de partidos abierta recientemente en Barcelona.

La acepción que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española que más se ajusta al caso es la segunda: «Persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes», una definición que continúa sin delimitar claramente cuál será su papel o sus funciones.

El caso es que el Gobierno central puede venderlo desde Madrid, que es lo que hizo este miércoles la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, como un mero notario que recoja todas las conversaciones y sin mayor capacidad que la de «convocar» a todas las partes; mientras, desde el Gobierno autonómico, los secesionistas pueden ofrecérselo a su público como una especie de observador neutral que trate de mediar y, por tanto, una nueva conquista al Ejecutivo en su pretensión de que este admita la existencia de algo semejante a un conflicto internacional. Es por ello por lo que tanto desde Madrid como desde Barcelona han abrazado la incorporación de este concepto.

Relator especial

En diplomacia se suele emplear la figura del relator especial para hacer referencia al experto de la ONU que chequea la situación de un país con el fin de hacer un informe.

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