El Gobierno amplía la baja de paternidad a ocho semanas a partir del miércoles
ESPAÑA
La prestación de ambos progenitores se equiparará en tres años
01 mar 2019 . Actualizado a las 23:51 h.Padres y madres disfrutarán del mismo período de baja, 16 semanas, por nacimiento de sus criaturas en tres años. Ese es el plazo que ha marcado el Gobierno en el real decreto que ha aprobado el viernes en el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cámaras. La norma, que entrará en vigor el próximo miércoles, establece la elevación progresiva de la baja paternal, que pasa de las actuales cinco semanas a ocho, mientras que el próximo año ya serán doce y en el 2012 se equipararán en dieciséis. Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en una rueda de prensa en la que ha destacado que se hará en tres años «para dar tiempo suficiente a las empresas a adaptarse a estas nuevas circunstancias».
La medida no cuenta con el beneplácito de la patronal (tanto CEOE como Cepyme han criticado la decisión), tal y como admitió Calvo, que sin embargo minimizó el impacto económico que supondrá en un ejercicio en el que se trabaja con Presupuestos prorrogados. La vicepresidenta indicó que el coste de las medidas económicas incluidas en el real decreto (que, además de la equiparación de los permisos por nacimiento de hijos, también incluye otras, como el abono de las cotizaciones sociales a quienes dejen su trabajo para ocuparse de dependientes) asciende a 610 millones de euros. «Es una medida muy prudente desde el punto de vista presupuestario», aseveró, insistiendo en que el objetivo fundamental es que «la maternidad no sea un arma en contra del desarrollo laboral de las mujeres».
Tablas salariales contra la desigualdad
El mismo decreto de Igualdad se incluyen otras medidas de lucha contra la brecha salarial, ya que las mujeres perciben, de media, una retribución un 23 % inferior a la de los varones por el mismo trabajo. En ese sentido, le nuevo texto legal incluye la obligación de que las empresas de más de 50 empleados publiquen las tablas salariales (a petición personal o de la representación sindical) para poder detectar las desigualdades retributivas injustificadas.
Del mismo modo se reforzarán los planes de igualdad exigidos por ley desde el 2007 para las empresas que tienen más de 250 trabajadores. A partir de ahora, según explicó Calvo, se exigirán también a las empresas a partir de 50 empleados, aunque tendrán tres años para adaptarse, frente al año del que dispondrán las que tengan más de 250. «Es un plazo razonable de adaptación», subrayó la vicepresidenta, que calificó las medidas de «transformadoras» de la sociedad.
Cotización para las cuidadoras
Otra de las novedades normativas es la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes, que irán a cuenta del Estado. «Muchas de esas personas abandonan sus trabajos para cuidar. El grueso son mujeres, y esa decisión acaba provocando una brecha importante en sus pensiones», recordó Calvo, subrayando la importancia de que el Estado les devuelva la posibilidad de que sigan cotizando. «Hay que agradecerles lo que hacen y dejar de castigarlas con una brecha en su pensión que llega hasta el 40 %, ya que las mujeres perciben 300-370 euros menos de media que los hombres», apuntó.
La vicepresidenta, que calificó de «necesarias y urgentes» estas medidas y de cuyo «bloqueo y obstrucción constante» en las Cámaras acusó a la oposición, se mostró convencida en que obtendrán el respaldo preciso para su convalidación en la Diputación Permanente.
El Ejecutivo impide por ley subir el precio del alquiler por encima del IPC
En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que el decreto busca el «equilibrio» entre la protección de los propietarios y de los inquilinos y añade «una mirada social al uso de la vivienda». Entre las novedades que incluye, destacó la creación (en un plazo de ocho meses) de un índice estatal de referencia sobre el precio de alquiler de vivienda, así como bonificaciones en los impuestos municipales (hasta el 95 % del IBI) para viviendas protegidas. También se mantiene el derecho de tanteo y retracto de la administración y, en los casos de desahucio, se incluye la obligatoriedad de comunicarlo a los servicios sociales para evitar casos de desprotección, como subrayó Calvo.
