La sala de vistas del juicio por el desafío independentista se convirtió este jueves en un campo de batalla entre los peritos de las acusaciones y de las defensas. La lucha fue encarnizada entre ambas partes, sabedoras de que se estaba jugando, en buena parte, la condena por malversación a los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont que se sientan en el banquillo.
El motivo de la controversia que copó horas de debate es una cifra: 900.906,70 euros. Es la cantidad que los peritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado estiman que costó la apertura de los 2.259 inmuebles que el Gobierno catalán habilitó para el referendo independentista del 1 de octubre del 2017. Casi un millón de euros que las acusaciones quieren que paguen de forma solidaria los exconsejeros imputados. Los técnicos de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) e Ibertasa Sociedad de Tasación, Carlos Irisarri y José Manuel Cámara, se enfrentaron con los peritos Jordi Duatis y Joan Güell en lo que casi pareció un careo judicial.
Los primeros, en esencia, sostuvieron que sí; que, aunque los inmuebles usados para el referendo ilegal fueran de titularidad pública, sí que se puede fijar un valor, a modo del alquiler, por su utilización. Los segundos arguyeron con vehemencia que es imposible establecer una cifra porque aquel día no hubo un lucro cesante (un perjuicio económico) para la Administración por la cesión de esos espacios públicos. Con estas discrepancias de fondo, la vista oral está llegando a su fin. La próxima semana se centrará en la parte documental, con el visionado de vídeos, después los informes y, al final, la última palabra de los acusados.
La Sala del Tribunal Supremo ha comunicado de forma informal a las partes que entre el 11 y el 12 de junio la vista oral podría quedar vista para sentencia, según fuentes de la defensa.
Depósitos de fianzas
En cuanto a los 17 procesados en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investiga la logística del 1-O, han depositado este jueves los 2.135.948,16 euros pendientes para completar la fianza estipulada por la jueza, de 5,8 millones. Al parecer, proceden de aportaciones solidarias de mucha gente, de los partidos y del embargo de fincas propiedad de los afectados como garantía de que se llega a esta cantidad.