La Moncloa descalifica a un ente de la ONU que pidió que se libere a los secesionistas
ESPAÑA
Borrell se queja a Bachelet del grupo que apoyó a Junqueras, Sánchez y Cuixart
31 may 2019 . Actualizado a las 21:22 h.El Gobierno se ha revuelto contra el informe publicado por un grupo de expertos de la ONU que considera arbitraria la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, tanto por lo que se dice en el texto como por las irregularidades detectadas en el procedimiento.
Estas quejas aparecen recogidas en la carta que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, remitió ayer a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En este texto, el Ejecutivo pone en duda la imparcialidad de las afirmaciones emitidas en el documento elaborado por un grupo muy cercano a las tesis secesionistas. Especialmente relevante para el Ejecutivo español es que el abogado Ben Emmerson, representante de Oriol Junqueras y de los Jordis, trabajó directamente con dos de los integrantes de este ente adscrito a la ONU. Se trata del mexicano José Guevara, que firma el texto, y el surcoreano Seong-Phil Hong.
«De haberse conocido su relación se habría pedido la abstención de los dos miembros de este órgano», afirmó la portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Isabel Celaá también confirmó que el embajador de España en la ONU presentó lo que se denominan notas verbales, una para solicitar la revisión de esa «opinión».
Además del conflicto de intereses, el Gobierno también protesta porque el informe incluye «errores y distorsiones» asumiendo como ciertas tesis que el secesionismo quiso imponer desde el comienzo del desafío realizado al Estado. Entre ellas, se señala que Junqueras, Cuixart y Sànchez han sido encarcelados preventivamente por sus opiniones y no por estar acusados de delitos tipificados en el Código Penal. También se afirma, erróneamente, que la Constitución española reconoce el derecho a un referendo de independencia.
La tercera de las notas de protesta presentadas en la ONU hace referencia a la filtración del documento a los abogados de los independentistas al mismo tiempo que lo entregaban al Ejecutivo. La norma dicta una demora de 48 horas. El Gobierno tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes. Coincidió con la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlamento catalán en el que el entonces presidente Carles Puigdemont preveía proclamar la independencia.
Fue un duro revés para las tesis secesionistas que quisieron equilibrar con el cuestionado informe, ya utilizado por la Generalitat para presionar al Gobierno e incluso al Ministerio Fiscal, como demuestra la carta que Quim Torra remitió ayer a la Fiscalía General del Estado, en la que reclama la libertad inmediata de todos las presos secesionistas.