El Supremo archiva de forma definitiva la investigación al rey emérito por el cobro de comisiones en el AVE a La Meca
ESPAÑA
El Tribunal alega la falta de pruebas documentales para reabrir el caso derivado de las audios de Villarejo
24 jul 2019 . Actualizado a las 13:07 h.El Tribunal Supremo ha denegado el recurso de Izquierda Unida y del PCE contra el archivo de la querella que interpusieron contra Juan Carlos I por trece delitos, entre ellos constitución de grupo criminal, fundamentada en las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una conversación con el excomisario José Villarejo en la que implicaba al rey.
Unos hechos que investigó la Audiencia Nacional en una pieza del caso Tándem, llamada Carol, en la que solo estaba imputado Villarejo y que acabó archivando al no existir indicios de delito y haberse producido los hechos en un periodo en el que el rey emérito estaba amparado por la inviolabilidad. Y también ante la ausencia de ningún dato documental que justificase las manifestaciones de la amiga del rey emérito.
Precisamente es el archivo de esta investigación, que no fue recurrido, el argumento principal que utilizó el Supremo para dar carpetazo a la querella, suscrita también por el foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas.
A raíz de este archivo, los querellantes presentaron recurso de súplica que ahora también desestima el tribunal al entender que su decisión no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva dado que emitieron una resolución «fundada en derecho».
Recuerda una vez más la Sala que los hechos fueron investigados y archivados por el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que no elevó al Supremo ninguna exposición razonada en la que «se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado ante este órgano».
En su anterior resolución, el alto tribunal recordó a los querellantes que su desacuerdo con el archivo de la investigación en la Audiencia no puede traducirse en la presentación de una nueva querella por los mismos hechos «pretendiendo la incoación de otro proceso penal ante un órgano jurisdiccional distinto, en el que se pueda obtener un resultado más acorde con las propias pretensiones».
La querella también se dirigió contra la amiga del rey emérito Sayn-Wittgenstein; el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán; Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga.
Los querellantes basaron el grueso de sus acusaciones en las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.