Sostiene que debe desarrollar la nación virtual antes que la física
08 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Hace un año, el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, presentó su proyecto de república digital. Se trataba, dijo, de ir construyendo nuevas iniciativas virtuales que en el futuro puedan convertirse en «estructuras de Estado».
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el consejero Puigneró, presentaron este sábado, a las puertas de la Diada del 11 de septiembre, una de estas herramientas virtuales, la identidad digital catalana y autosoberana, que podría ser el embrión de un futuro DNI virtual catalán. Recibe el nombre de IdentiCAT y debe permitir hacer todo tipo de trámites en la Red garantizando la protección de datos. Cada usuario gestionará sus datos, decidirá qué quiere compartir y qué no, y con quién, en contraposición con los modelos americano o chino, donde los datos están controlados por las empresas o por el Estado, respectivamente.
Puigneró admitió lo controvertido del proyecto. «Algunos quieren levantar suspicacias», dijo, pero aseguró que es totalmente legal y busca que sean los propios ciudadanos los que gestionen su identidad digital y los datos que ceden a administraciones públicas o entes privados. «Nos ponemos a la altura de países como Estonia, Finlandia, Noruega o Suiza, que han abierto su modelo a la ciudadanía y que ya empiezan a no ser prisioneros de los modelos de identidad obligatoriamente vinculados a la idea de los antiguos Estados nación», afirmó Torra.
Alimento para el secesionismo
El Gobierno catalán señaló que con este proyecto está «haciendo república», como en su día dijo respecto al Consejo de la República o el debate sobre el proceso constituyente. El mensaje claramente iba dirigido a la parroquia independentista. En la pasada legislatura, Carles Puigdemont se comprometió a impulsar un DNI catalán, como estructura de Estado necesaria tras la declaración de independencia, como lo eran la Hacienda propia, un banco central, una Justicia y una CNMV. El Ejecutivo catalán incluso presupuestó el proyecto del DNI. Las gestiones que miembros de la Administración catalana realizaron, en concreto los Mossos d’Esquadra, con empresas de tecnología, como la alemana T-Systems, para estudiar la iniciativa forma parte de la causa contra el 1-O que instruye un juzgado de Barcelona.
Al independentismo le encantan los anuncios cargados de épica. Hace un año, Torra llamó a la ciudadanía a emprender una gran marcha por los derechos civiles como la que hizo Martin Luther King. Este año, el reclamo es participar en un «tsunami democrático» a favor de la desobediencia civil. Esta movilización tiene su primer test en la manifestación de la Diada del 11-S, la cita que marca el arranque político desde el 2012.
La ANC y Òmnium Cultural, entidades organizadoras, afrontan la octava cita consecutiva. Esperan superar el millón de asistentes. «La gente está confusa y hay desánimo», admite Jaume Marfany, exvicepresidente de la ANC. «Cuando convocas a la gente, el éxito está asegurado», afirma. Oriol Bartomeus, doctor en Ciencia Política por la UAB, coincide. «La Diada se ha convertido en una tradición, nadie falla», asegura. Años atrás, el reclamo era que la independencia estaba a punto de tocarse con los dedos. Lo que mantiene unido al movimiento ahora son los presos y la sentencia.
Por ello, Torra ha llamado a la movilización con el acicate de que la «respuesta a la sentencia debe empezar el 11S». A partir del miércoles, el secesionismo deberá tomar decisiones. Si hay pinchazo, Torra no estará por lanzar a la ciudadanía a seguir en las calles la «vía hongkonesa» como ha insinuado. Bartomeus no cree, en cambio, que la asistencia sirva de termómetro para preparar la respuesta. La clave, dice, será el día después del fallo.