La búsqueda del niño Gabriel costó 200.000 euros, en una valoración de «mínimos»

Una docena de agentes de Guardia Civil, además del coronel jefe de la Comandancia de Almería, Arturo Prieto, se sentó este viernes ante el tribunal de jurado presidido por la magistrada Alejandra Dodero para responder al interrogatorio centrado, sobre todo, en la recogida de evidencias tras la detención de Ana Julia Quezada como autora de la muerte del menor, su análisis así como el coste que supuso el operativo de búsqueda puesto en marcha para dar con el niño. Entre las principales evidencias expuestas en la sala, se encuentra el análisis del hacha hallada en la finca de Rodalquilar donde Quezada acabó con la vida del pequeño y, posteriormente, lo enterró.

De acuerdo al testimonio de agentes del departamento de Biología de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil, se confirmó la presencia de ADN de Gabriel Cruz en la parte lateral superior del mango y en la zona trasera de la cabeza del hacha localizada, oculta tras un muro durante el registro de la finca, si bien, no había restos de sangre.

Sobre esta herramienta, defensa y acusación mantienen distintas hipótesis. Quezada sostiene la «muerte accidental» del pequeño se produjo tras iniciarse un enfrentamiento entre ambos porque estaba «jugando» con el hacha. Por su parte, como mostró en su interrogatorio a los peritos, la acusación particular, representada por el letrado Francisco Torres, defiende que la acusada usó el hacha contra el menor fallecido.

«¿El ADN del hacha puede ser compatible con que se golpeara con ella?», refirió el letrado, recibiendo como respuesta un tajante «por supuesto», seguido, eso sí, de que las causas que podrían llevar a la presencia de estos restos biológicos «son cualquiera que ustedes puedan imaginar». Testimonio técnico que ambas partes, posteriormente, consideraron significativo para sus opuestas versiones de lo ocurrido.

También se ha abordado durante la sesión la presencia de sangre tanto en la finca de Rodalquilar -una gota en la puerta que accede al jardín- como en las prendas que el niño llevaba el día de su muerte y que la acusada arrojó a un contenedor de Retamar. En ellas, se evidenció la presencia de ADN de Quezada junto al del menor.

Un agujero de diez centímetros

En otro orden de cosas, pero aún en la finca en la que ocurrieron los hechos, peritos de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil confirmaron la coincidencia de las muestras de la tierra hallada en el cuerpo del menor con las tomadas en Rodalquilar, propiedad de la familia del niño. Ello indica que el cadáver no abandonó este lugar hasta que Quezada lo desenterró para meterlo en el maletero de su vehículo el 11 de marzo. Una hora después, fue detenida antes de llegar a su vivienda de Vícar.

Acerca del hoyo realizado por la dominicana para ocultar el cuerpo del pequeño, han descrito los agentes que realizaron el registro del lugar, que se trataba de un espacio «pequeño». En base a la arena revuelta, estiman que tenía diez centímetros de profundidad así como 60 centímetros de ancho y 40 de largo. Sin embargo, la gravilla «del tamaño de un hueso de aceituna o una canica» que cubría la zona aneja a la piscina permitió que el cuerpo del niño se mantuviera oculto durante todo el tiempo que duró el operativo de búsqueda.

Tuvo tiempo para todo

Las periciales también dibujaron un mapa temporal del día de autos. De acuerdo al rastreo realizado por expertos en telecomunicaciones de la Guardia Civil, el 27 de febrero, Ana Julia Quezada abandonó la casa de Las Hortichuelas Bajas a las 15.46 horas, trasladándose hasta Rodalquilar. Desde ese momento, su teléfono no reflejó actividad hasta una hora y 52 minutos después, esto es, las 17.39 horas. Ello coincidiría temporalmente con las horas marcadas por la autopsia realizada al menor, que establece su muerte entre las 15.30 y las 16.30 horas de ese día. De nuevo, hasta las 18.55 horas, cuando recibe la llamada de Angel Cruz en la que le informa de la desaparición del niño, el móvil de Quezada se mantiene sin actividad y hasta diez minutos después no abandonó la casa en la que esa tarde acabó con la vida del niño. Pasó unas tres horas en la finca, según estos datos.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Arturo Prieto, abrió este viernes la sesión pericial para ahondar en el informe económico realizado para determinar el coste del operativo puesto en marcha para la búsqueda del menor, cuya desaparición se mantuvo activa desde el 27 de febrero hasta el 11 de marzo. Describió el coronel que, de acuerdo a su «informe de mínimos», basado en gastos que pueden ser «justificados», la operación supuso un coste de 200.203 euros, cifra que se reclama a la acusada y a la que, a su juicio, se podrían sumar otros costes no cuantificables como la «pérdida de seguridad» en otras zonas por el traslado de agentes o el uso de otros materiales difícilmente evaluables.

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