No hay cadáver que se haya resistido tanto a cambiar de sepultura. A veces pareció que Pedro Sánchez, con toda su capacidad de resistencia, saldría antes del palacio de la Moncloa que Franco del agujero del Valle de los Caídos. Al final triunfó la lógica, se cumplió un mandato del Congreso de los Diputados, el Supremo dio la razón al gobierno, la familia hizo el ridículo con su oposición y sus recursos y este mismo sábado la basílica del Valle de los Caídos está cerrada para los trabajos preliminares de la exhumación. Ya no se abrirá al público hasta que los restos del general descansen con los de su esposa en Mingorrubio. Queda pendiente el recurso de la familia al Tribunal Constitucional, pero nadie cree que funcione, ni siquiera que sea admitido a trámite. Y el prior dará la tabarra, ya la está dando, pero desobedecer a la autoridad, no digamos al Tribunal Supremo, no solo es delito en Cataluña.
Lo importante a efectos históricos es que Franco será sacado del Valle de los Caídos y no se hunden las estructuras de España. Habrá unas cuantas manifestaciones, se organizarán peregrinaciones a Mingorrubio, y no pasará nada más. Aquella literatura del revanchismo, del guerracivilismo, de la apertura de heridas, ha sido sustituida por una aceptación generalizada de la idea de que un dictador no puede estar enterrado en un lugar de culto; de culto religioso y de culto a su memoria. En ese cambio de opinión tuvo un papel fundamental el Tribunal Supremo. Todas sus decisiones fueron adoptadas por unanimidad y, en la medida en que refrendaron los acuerdos del Gobierno, los dotó de legitimidad.
Tengo dudas de la rentabilidad electoral del acontecimiento, porque quienes más aplauden y celebran el traslado ya eran votantes del Partido Socialista o de otros partidos de izquierda. Y tengo una única preocupación: que ahora se abran otras reivindicaciones. Por ejemplo, la de reclamar la necesidad de juzgar los que llaman crímenes del franquismo; la de que surja una corriente de revisión de todo un período histórico y, sobre todo, de sus herencias; la de que vuelva el recuerdo de que fue Franco quien decretó que España es una monarquía, o que don Juan Carlos fue designado por él «sucesor a título de rey». Y, por el otro lado, el grave lapsus de la presidenta de la Comunidad de Madrid al relacionar la exhumación de Franco con la quema de iglesias.
Por eso, a partir del momento en que el dictador descanse en el panteón de Mingorrubio, se debiera cerrar este episodio. La democracia ha conseguido una victoria, como dice el propio Pedro Sánchez. Que no la estropeen. Si sacar los restos del Valle de los Caídos es un acto de justicia, que sea también el gesto final de la reconciliación.
