El CGPJ investigará lo ocurrido, tras denunciarlo Manos Limpias
17 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder». Así se pronunció este miércoles Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo y ponente de la sentencia del procés, sobre las filtraciones de su contenido -que definió como «oscuro objeto de deseo»- a los medios de comunicación, antes de notificarse a las partes.
Durante el acto en el que fue examinado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para seguir presidiendo la Sala de lo Penal otros cinco años (su mandato expira ahora y él es el único candidato), el magistrado relativizó el alcance de lo ocurrido, subrayando que el fallo en sí no se filtró, aunque sí lo hicieran algunos aspectos obtenidos de fuentes diversas, incluyendo comunicaciones informales.
En cualquier caso, el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, avanzó este miércoles que el sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia por lo ocurrido, y que el órgano de gobierno de los jueces lo investigará. Dio por buenas las explicaciones de Marchena al respecto, aseverando que «se convierte en una tarea de extraordinaria dificultad mantener contenida esa información», al tiempo que crece el número de personas -más allá de los siete jueces que integran el tribunal- que tienen acceso a algunos aspectos de la sentencia en su recta final.
Recordó que en «las pocas ocasiones» en las que se han dado filtraciones, él mismo instó a investigarlas, pero advirtió que es «difícil averiguar quién es el responsable».
Difícil situación
Marchena también se refirió a la «difícil situación» que para la Sala de lo Penal supondría tener que juzgar al resto de los acusados por la intentona secesionista y que, con Carles Puigdemont a la cabeza, están huidos de la Justicia. El problema radica en que 13 de los 15 jueces que componen la Sala de lo Penal han tenido relación con el procedimiento en alguna de sus fases, por lo que estarían contaminados y no deberían juzgarlos.
Una posible solución, sobre la que aún no se ha decidido, podría pasar por la sustitución de los magistrados, o que la Sala se integrara con los jueces de otras jurisdicciones del Supremo, como las de lo Social, lo Civil, lo Contencioso-administrativo o lo Militar.