Mercedes Alaya, la jueza que desenmarañó la mayor trama de corrupción de España

Durante muchos telediarios, su paseíllo al bajar del taxi arrastrando una maleta con ruedines hasta la puerta de los juzgados de Sevilla se convirtió en un icono de la lucha de la Justicia contra la corrupción. Era una imagen digna del mejor Hitchcock, que habría convertido ese trolley en uno de los grandes enigmas de su cine. Siempre hierática bajo los focos, Mercedes Alaya (Sevilla, 1963) nunca dejó que el mínimo gesto alterase su rictus impasible mientras se abría camino entre curiosos y policías en los soportales del palacio de justicia. Hay funcionarios que aseguran que la han visto sonreír. Pero, entre los procesados, más que su sonrisa se conocen sus frases directas y cortantes durante los interrogatorios. Del estilo de «Míreme a los ojos». Porque el trato de usted es marca de la casa.

Licenciada por la Universidad de Sevilla, con solo 25 años aprobó la oposición a judicaturas a la primera. Fue la número 16 de su promoción y, tras curtirse en destinos como Carmona y Fuengirola, aterrizó en Sevilla, donde en 1998 se convirtió en la titular del luego célebre Juzgado de Instrucción número 6. Allí se estaba cocinando la investigación de los turbios negocios de Mercasevilla. La jueza, que en su ciudad no ha pasado a la historia por el caso de los ERE, sino por dejar a Manuel Ruiz de Lopera sin la presidencia del Real Betis Balompié después de 18 años con mando en plaza, empezó en el 2010 a desenmarañar la siniestra madeja de las multimillonarias ayudas con las que la Junta obsequiaba a la empresas para financiar sus despidos. Dinero que, por el camino, se perdía en el laberinto de la cocaína y los prostíbulos. Había suficientes billetes como para asar una vaca, confesó el ex director general de Empleo, el dicharachero Francisco Javier Guerrero. Y Alaya puso su minuciosa lupa sobre aquella hoguera.

Durante la larguísima instrucción del caso de los ERE -por volumen, la mayor trama de corrupción de la historia reciente de España-, no lograron apartarla de su despacho ni las presiones políticas ni las mediáticas. Pero sí una dolorosa neuralgia de trigémino, que la mantuvo seis meses fuera de combate. Regresó en marzo del 2013, todavía con una pauta de 17 pastillas diarias, para enfrentarse a las maniobras de los responsables de la Justicia andaluza, que intentaron por todos los medios arrebatarle el control de las macrocausas que llevaba. Con la instrucción de los ERE prácticamente liquidada, optó a una plaza de magistrada en la Audiencia Provincial y, a pesar de las promesas de sus superiores de que podría concluir el trabajo pendiente en el juzgado número 6, recibió la tradicional patada hacia arriba y ya no pudo retomar sus papeles. Su sustituta, Mercedes Núñez Bolaños, culminó la tarea. A falta de lo que dictamine finalmente el Supremo, la sentencia del martes ha confirmado sus tesis. Tal vez al leer el fallo haya esbozado una mínima sonrisa.

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