Una de las imágenes más icónicas de la historia del PSOE posfranquista es la que presenta a un grupo de jóvenes universitarios merendando unas tortillas en un pinar de las afueras de Sevilla. Eran, entre otros, Felipe González, con gafas y pantalones acampanados; Alfonso Guerra, meditabundo en segundo plano, intentando alejarse del foco de la cámara; y Manuel Chaves, con frondosa melena, en el centro de la imagen, ejerciendo de alma de la fiesta. El grupo pasó a la historia como el clan de la tortilla e incorporó a ilustres socialistas andaluces como Francisco Aído, padre de la ministra Bibiana; Luis Pizarro, que se hizo famoso durante los mejores años del felipismo; y Alfonso Perales, un tipo duro que se convirtió en uno de los jefes de la fontanería del PSOE.
Aquella pandilla se hizo con todo el poder orgánico en Andalucía. Primero, en la preautonomía, con Rafael Escuredo. Luego, a partir de 1982, con Pepote Rodríguez de la Borbolla (1984-1990), Manuel Chaves (1990-2009) y con José Antonio Griñán (2009-2013). Andalucía, la comunidad más poblada de España (8,41 millones censados) y una de las más pobres, se convirtió en el granero socialista. Y su maquinaria electoral, en la envidia de todas las democracias occidentales.
Fueron 36 años de poder omnímodo en el que desde Sevilla se condicionaba la actividad política de toda España. En los peores años de Pedro Sánchez, con apenas 84 diputados, su ahora socio Pablo Iglesias soñaba con el sorpasso de lo que despectivamente bautizaba como Partido Socialista Andaluz. Bajo ese paraguas, creció desbocado un fantasma, el de la corrupción, imprescindible para mantener bien engrasadas las lealtades. No bastaba con el PER, el subsidio agrario que llegó a ser casi discrecional. El PSOE necesitaba un lugar donde cobijar con generosas retribuciones, incluso sin ir, a los cargos caídos por unas razones u otras.
En el reciente cambio de Gobierno, los nuevos, en una primera auditoría, encontraron más de mil chiringuitos financiados con dinero público y un ejército de casi veinte mil enchufados bajo la supervisión del clan de la tortilla en sus sucesivas mutaciones orgánicas. Los ERE no han sido más que una de las múltiples expresiones de lo peor del caciquismo político. La primera pieza sancionada abre una espita por la que se irán conociendo las miserias morales de los años de opulencia en los despachos con el dinero que debería atajar los problemas de los más desfavorecidos.
La sentencia, leída el 19N y extendida el 20N, una fecha emblemática para los luchadores por la democracia, supone el ocaso de una pequeña anomalía democrática. Quedan los recursos judiciales, pero el modelo ha quedado descabezado. De poco sirve escurrir el bulto. Es el fin de una manera de hacer política que resulta absolutamente deleznable.