El Gobierno argumenta que los tipos de rebelión y sedición «no están a la altura»
23 ene 2020 . Actualizado a las 08:40 h.Oriol Junqueras tuvo la llave de la investidura de Pedro Sánchez, y seguirá en su bolsillo para las votaciones más trascendentales de esta legislatura. Sus diputados en Madrid se presumen nuevamente como indispensables para que el Gobierno logre aprobar unos Presupuestos que hagan pasar a mejor vida los de Montoro. Aunque a diferencia de la investidura, en este caso no bastará con que Sánchez logre articular una mayoría simple; ya que al tratarse de una ley orgánica necesita un mínimo de 176 apoyos, un umbral que parece inalcanzable salvo que los diputados de ERC pasen de la abstención al sí, un movimiento que de rebote amenaza con convertir en irrelevantes a otras formaciones minoritarias, como el BNG o Teruel Existe, que brindaron su crucial apoyo para la renovación de Sánchez en el poder.
Las cuentas son exactamente las mismas para la reforma del Código Penal en la que ya trabaja la Moncloa. Al tratarse de una modificación de una ley orgánica, el reglamento exige una mayoría absoluta en la que, de nuevo, ERC y EH Bildu tendrán mucho que decir.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, defendió este miércoles la necesidad de emprender esta reforma para «acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales que en alguna sentencia europea como la alemana nos advirtió que sonaban extraños», comentó a la Ser en clara referencia a la negativa de un juzgado teutón a entregar a Puigdemont a España. «No están a la altura», añadió.
Calvo también aprovechó para recordar que «lo que luego resultó ser en la sentencia [del Supremo] del 14 de octubre es que había tipos penales que se acompasaban poco con algunas situaciones de este país».
En dicha reforma habrá un capítulo para incorporar la necesidad del consentimiento expreso de la mujer en las relaciones sexuales, pero la Moncloa no oculta que tampoco faltará una revisión profunda, y a la baja, de los delitos de sedición y rebelión, lo que beneficiaría a Junqueras y a los otros condenados a entre nueve y trece años por el Supremo, que podrían ver reducidas estas penas por el efecto retroactivo.
La oposición salió en bloque a denunciar que esta reforma, en la que ya trabaja el Gobierno, forma parte de la factura que Sánchez está pagando a los secesionistas por haber permitido su investidura, recordando que a lo único a lo que se había comprometido en campaña fue a recuperar el delito de referendo ilegal, ahora descartado.
Calvo lo desvinculó del acuerdo con ERC, y negó que Sánchez y Torra vayan a tocarlo en su reunión prevista para febrero: «No forma parte de ese escenario».
El líder del PP, Pablo Casado, se refirió a estas maniobras de Sánchez como una suerte de «indultos encubiertos». La figura del indulto propiamente dicha no está sobre la mesa. Los motivos son varios, y van desde que conllevaría al arrepentimiento de los condenados, algo que ni se plantean, porque sería admitir su culpa, y además implicaría a Felipe VI, que sería quien en último caso aprobaría la propuesta del Consejo de Ministros.
El Congreso puede perder el apellido por la igualdad
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se mostró este miércoles favorable a podarle el apellido al Congreso de los Diputados y que su nombre oficial se quede reducido simplemente al de Congreso. La número dos del Ejecutivo defendió la propuesta de la Premio Nacional de Historia Ana Caballé a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en la que le invitaba a proceder a un cambio de denominación, equiparándolo así al del Senado, que carece de «apellido». «Apoyo totalmente esta iniciativa, porque las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione y nos reconozca», manifestó en una entrevista a la cadena Ser. «Si dicen vicepresidente, yo no me siento aludida», ahondó. Esta postura choca con el dictamen de la RAE publicado este lunes, en el que se aconseja no desdoblar los nombres de los organismos y se mostró partidaria de no reformar la redacción de los puntos de la Constitución que podrían verse afectados, casi todos, en pro de la economía de la lengua. Calvo se mostró contrariada por el informe, y aseguró que la paralización «del lenguaje inclusivo no está en manos de la RAE». La dirigente socialista exigió que «el texto de nuestra Constitución nos llame por nuestro género: presidentas, ministras y diputadas».
Irene Montero se suma
Este miércoles se sumó a esta reivindicación la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Lo llamamos Congreso, sí. Y al Senado, Senado. Hasta 1931 no hubo diputadas y de hecho no se referían a ellas en femenino. El lenguaje, que refleja la sociedad que lo emplea, nos recuerda el largo camino de los derechos de ciudadanía de las mujeres y todo lo que queda por andar», manifestó en Twitter.
A diferencia del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, monocolor y con mayoría de mujeres, el nuevo Gabinete de coalición conformado por socialistas y Podemos, tiene una ligera mayor presencia de hombres (12 a 11), lo que ha supuesto que sus integrantes se refieran al mismo en sus diversas comparecencias públicas como «Consejo de Ministros y de Ministras», cuando hace apenas tres semanas desde Ferraz hacían referencia al mismo como «Consejo de Ministras», haciendo gala de dicha mayoría en el Gabinete.