El Gobierno rebaja en dos décimas el objetivo de crecimiento económico y empeora las previsiones sobre el paro

La desaceleración económica que sufre España ha llevado al Gobierno a rebajar su previsión de crecimiento de la economía en un nuevo cuadro macroeconómico que fija ahora ese crecimiento en un 1,6% del PIB para el 2020 y un 1,5 % en el 2021. Algo que supone reducir en dos décimas la previsión anterior del 1,8 % para el 2020 y rebajar en cuatro décimas las cifras del 2019 que se estima en un 2%. Unas previsiones actualizadas que, según el Ejecutivo, están en línea con las de los analistas y organizaciones internacionales. Para el 2022 se prevé un crecimiento del 1,6 % y en el 2023 la cifra aumentaría hasta el 1,7 %. Las previsiones de la tasa de paro también empeoran. Se prevé cerrar este año con un 13,6%, bajando al 13 % en el 2021 y al 12,3% en 2023, cuando las estimaciones anteriores eran llegar a esa cifra del 12,3 % este mismo año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que, pese a la rebaja en las previsiones, España seguirá creciendo por encima de la media de la UE en los próximos años.

El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el período 2020-2023 que fija el límite de gasto no financiero, lo que se conoce como el techo de gasto, en 127.609 millones de euros, lo que supone un 3,8% más respecto al del 2019, que fue de 122.899 millones y que ya se incrementó en un 4,4%. El techo de gasto tendrá que ser ratificado en el Congreso y el Senado y supone el paso previo para la elaboración y la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2020, para los que el Ejecutivo confía en contar con la mayoría suficiente

Moncloa pretende enviar a Bruselas con estas cifras el mensaje de que piensa cumplir con los compromisos fiscales adquiridos a pesar de las políticas previstas que aumentarán el gasto social. En lo que afecta a la deuda, se estima que el 2019 se cerró en un margen del 95,9% del PIB y se establece un objetivo de reducirla 94,6 % para el 2020, un 93,4% en el 2021, un 91,7% en 2022 y el 89,8% en 2023. Montero ha calificado de «realistas» estas cifras que, según ha dicho, pretenden «no vender humo» y marcan una tendencia «más suave» para las autonomías porque «el mayor esfuerzo corresponde a la Administración central», que tiene que reducir su déficit del 1,32 % del 2019 al 0,5 del 2020. La Seguridad Social tendrá que recortar su déficit en tres décimas durante el período del cuadro macroeconómico, pasando del 1,1% de este año, al 1,5 % en el 2021, el 1,2 % en 2022 y el 0,9 % en 2023. Las comunidades deberán bajarla del 0,2 % que se fija para este año al 0,1 % en el 2021 y alcanzar el equilibrio presupuestario en el 2022. La senda de estabilidad presupuestaria actual es la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2017, que fijaba un objetivo del déficit del 0,5% del PIB para el año y 2020 contemplaba la estabilidad presupuestaria para el 20121. Montero calificó de «irreal» e «inasumible» ese compromiso. Frente a ello, el Gobierno espera un déficit del 1,5% en el 2020, del 1,2 % para el 2022 y del 0,9% en 2023, con lo que la estabilidad presupuestaria no se alcanzará en esta legislatura.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado viernes se aprobó ya una relajación en los topes de déficit de las autonomías, fijados ahora en un 0,2% del PIB para el 2020, un 0,1% para el 2021 y equilibrio presupuestario en 2022. El ministerio de Hacienda pretende presentar esa relajación como una compensación a las comunidades por su negativa a devolverles los 2.500 millones el IVA correspondientes al ejercicio 2017. Algo que fue rechazado por la Xunta y por la mayoría de las autonomías. El objetivo para las autonomías previsto inicialmente era de un déficit del 0,1% del PIB para el 2020 y la estabilidad para el 2021.

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