Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer fueron acusados de contratar a dos equipos de abogados para investigar el Open de Tenis del Gobierno de Ruiz-Gallardón
20 jul 2020 . Actualizado a las 19:41 h.Los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, serán juzgados en un proceso oral por malversación y prevaricación en el caso Open de Tenis.
Según informa Efe, en mayo del 2017 el PP y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisario de Policía José Manuel Villarejo, se querellaron contra los tres acusados por contratar «a dedo» y «sin publicidad» a dos equipos de investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón.
Los exresponsables municipales encargaron dos informes externos, pagando un total de 100.000 euros, para denunciar el convenio de gestión del torneo de tenis sin el conocimiento de la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, quien luego calificó este acto de «un error» y los destituyó del consejo de administración de la empresa pública.
«El PP ataca y persigue a quien denuncia su corrupción»
En declaraciones a Europa Press, Sánchez Mato califica la apertura del juicio oral como la «culminación de la persecución del PP» y, por medio de esa asociación, del «excomisario José Manuel Villarejo». «El PP ataca y persigue a quien denuncia su corrupción. Yo lo he hecho y asumo las consecuencias de su venganza», añadió.
Desde Izquierda Unida apoyan al exconcejal alegando que su actuación respondía a su «legítimo derecho de examinar y fiscalizar la gestión de recursos públicos del Ayuntamiento de Madrid, en línea con sus responsabilidades como concejal de Hacienda».
También rechazan «el uso de argucias legales por parte del PP para desviar la atención de su propia responsabilidad en innumerables casos de corrupción, y criminalizar a aquellos que, a pesar de todas las presiones, luchan para investigar y denunciar sus tramas».
Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Concepción Jerez, acuerda la apertura de juicio oral contra los investigados. Una decisión que se posiciona en contra del criterio de la Fiscalía, que solicitó el sobreseimiento, al no apreciar delito.
Por lo tanto, la magistrada ratifica la libertad provisional de los acusados y les requiere que presten conjunta y solidariamente una fianza de 56.900 euros. Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, en que cabe recurso de reforma ante el juzgado en el plazo de tres días.