La AVT plantea una reforma para ampliar los supuestos de recurso ante la semilibertad de los presos de ETA

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

ESPAÑA

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, en una imagen de archivo.
La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, en una imagen de archivo. Eduardo Parra | Europa Press

La asociación admite que el acercamiento de etarras es legal y depende de Interior, pero pide «subir el listón» exigiendo colaboración con la justicia

10 ago 2020 . Actualizado a las 18:01 h.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) planteará una reforma del Estatuto de la Víctima que permita ampliar los supuestos de recurso ante propuestas de semilibertad en la progresión al tercer grado de los presos de ETA o la aplicación del principio de flexibilidad a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. También quieren recurrir como asociación en el caso de no existir víctimas individuales.

En una serie de mensajes en Twitter explicando las posibilidades para recurrir una decisión judicial sobre los encausados de ETA, la abogada de la organización, Carmen Ladrón de Guevara, ha señalado que «instituciones Penitenciarias no tendrá un plan específico para los presos de ETA pero lo que evidentemente hay es un cambio en la política penitenciaria».

En este sentido, ha matizado que que las decisiones para acercar a cárceles próximas al País Vasco a los presos de ETA «son legales», ya que es «una decisión discrecional de la Administración Penitenciaria que en ningún caso podría ser objeto de recurso». Sin embargo, subraya que desde la asociación lo que piden es «subir el listón exigiendo la colaboración con la justicia a la hora de valorar el pronóstico favorable de reinserción exigible antes de concederles cualquier mejora en su situación penitenciaria».

Carmen Ladrón ha recordado que las víctimas actualmente solo pueden recurrir la concesión de la libertad condicional y la concesión del tercer grado antes de que se cumpla al mitad de la pena, «cosa que en los delitos de terrorismo no podría darse» ya que se exige aplicar el llamado período de seguridad.

Desde la AVT entienden que su exigencia es «la única manera» de valorar una evolución personal positiva de los presos para asegurarse de que «salen de la cárcel mejor de lo que entraron, que es de lo que va la reinserción de los presos y que toda pena de prisión debe buscar».

Para tratar este asunto, que ya ha sido trasladado a los grupos parlamentarios, la AVT ha solicitado ya una reunión con la Fiscalía General del Estado a principios de septiembre.

Este mismo lunes, además, la AVT ha solicitado verse con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, después de que en una entrevista en Europa Press haya defendido la política penitenciaria y los traslados de presos de ETA, negando presiones o un plan preestablecido y recordando, además, que ante estas decisiones ni Fiscalía ni víctimas plantean recursos.

La asociación presidida por Maite Araluce se reunirá también con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para mostrar su rechazo al acercamiento de 54 presos de ETA a prisiones cercanas al País Vasco desde el inicio del mandato de Pedro Sánchez en el Gobierno.

Desde la organización critican que Interior haya puesto fin a la política de dispersión de los encarcelados de ETA sin valorar antes si existe un pronóstico favorable de reinserción del preso condenado por terrorismo, ya que no se solicita previamente su colaboración con la justicia.

Además sostienen que, de acuerdo a lo que actualmente permite la ley, las víctimas sí han recurrido libertades condicionales, como fue el caso del etarra Kepa Pikabea. Con Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior se ha concedido la libertad condicional a tres presos de ETA, aunque ninguno tenía víctimas individuales, lo que en la actualidad impedía la posibilidad de plantear un recurso.