Torra es el primer máximo responsable de la Generalitat de Cataluña condenado en el ejercicio de su cargo
28 sep 2020 . Actualizado a las 16:37 h.Los tres últimos presidentes de la Generalitat, Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas, tienen en común su ideología independentista y además comparten que los tres han sido imputados y procesados penalmente por su implicación en el procés catalán. Dos de ellos, asimismo, han sido condenados. Quim Torra (2018-2020) es el tercer presidente de la Generalitat consecutivo que ha tenido problemas con la justicia y es el primero que ha sido condenado en el ejercicio de su cargo.
El dirigente nacionalista ha sido condenado por negarse a retirar a tiempo una pancarta a favor de los presos del balcón del Palau de la Generalitat durante el período electoral de los comicios generales de abril de 2019. Primero fue el TSJC quien le condenó a 18 meses de inhabilitación y finalmente ha sido el Supremo el que ha ratificado la pena. Torra está imputado por una segunda causa penal similar, también por un delito de desobediencia, por no descolgar otra pancarta en el período electoral de las generales de noviembre del año pasado.
Artur Mas, presidente entre 2010 y el 2015, fue condenado a una pena de inhabilitación, como Torra, por la organización de la consulta soberanista del 9-N del 2014. Fue condenado en primera instancia por el TSJC a una pena de inhabilitación, por un delito de desobediencia, de dos años. Tras el recurso, el Tribunal Supremo rebajó la condena a un año. Mas ya la ha cumplido.
Carles Puigdemont (2016-2017), como todos los miembros de su ejecutivo, fue cesado tras la proclamación de independencia del 27 de octubre de 2017 en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Puigdemont huyó a Bruselas y como todos los miembros del Govern fue imputado y luego procesado por un delito de sedición por la organización del referendo ilegal del 1-O de 2017 y la declaración unilateral de independencia. Está a la espera de que Bélgica resuelva la petición de extradición para ser juzgado en España. Seis de los nueve consejeros de su gobiernos juzgados en el Supremo fueron condenados a penas de diez a trece años por sedición y malversación.